Un perito experto en la auditoría de cuentas ha asegurado este miércoles que "la gran mayoría" de las facturas "manipuladas" supuestamente por el exconcejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de La Puebla del Río (Sevilla) Juan Carlos Benítez Martín corresponden a las realizadas desde el número de teléfono asignado por el Consistorio al alcalde, Julio Alvarez González (PSOE), para quien la Fiscalía ha solicitado cuatro años y nueve meses de cárcel y seis años de inhabilitación por gastar supuestamente en poco más de un año 6.098,66 euros tanto en estas llamadas privadas como a teléfonos eróticos.
Durante la segunda y última jornada del juicio que se celebra contra ambos imputados en la Audiencia Provincial de Sevilla, este perito ha señalado que su labor consistió en "comparar" las facturas originales correspondientes a las llamadas realizadas desde los teléfonos móviles del Ayuntamiento entre septiembre de 1999 y febrero de 2001 con las copias, tras todo lo cual emitió un informe con fecha 1 de septiembre de 2006 en el que se pone de manifiesto que "la mayoría" de las facturas "manipuladas" corresponden a las realizadas desde el número del teléfono móvil del primer edil.
El perito, que se ha ratificado íntegramente en su informe, ha añadido que no recuerda el número de facturas que analizó, aunque sí ha dicho que "era una cantidad bastante considerable", y ha concretado que no sólo se había "manipulado" el número de teléfono emisor de las llamadas, sino también la duración de las mismas y el número del teléfono receptor, que también corresponden "en su mayoría" con los dos números --un fijo y un móvil-- pertenecientes a la mujer con la que alcalde mantuvo conversaciones con un coste superior a los 6.000 euros, han apuntado a Europa Press fuentes del caso.
De su lado, en la jornada de este miércoles también ha comparecido un perito economista y auditor de cuentas que se encargó de realizar, por orden judicial, un informe pericial sobre el gasto total en llamadas realizadas por el teléfono asignado al alcalde de La Puebla a los dos números de la mujer en cuestión y a cuatro números correspondientes a líneas eróticas. "Fui factura por factura y listado por listado, y el total del gasto ascendió a 6.098,66 euros", según ha agregado, precisando que el interventor señaló en su día que el gasto era de 90,49 euros menos, pero se trata "de un error totalmente normal y admisible desde el punto de vista técnico".
FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO
Tras concluir sendas pruebas periciales, la Fiscalía ha modificado sus conclusiones provisionales en el sentido de imputar a ambos acusados un delito continuado de falsedad en documento privado y no en documento oficial, delito por el que solicita para ambos una condena de un año y nueve meses de cárcel, eliminando la petición del pago de una multa de 2.700 euros. De este modo, ha elevado a definitiva su petición de cuatro años y nueve meses de cárcel y seis años de inhabilitación absoluta para el alcalde, mientras que para el exconcejal pide tres años y tres meses de prisión.
Asimismo, la acusación popular que ejercen el Grupo Municipal Independiente y el Grupo de IULV-CA ha modificado sus conclusiones provisionales en el mismo punto, lo que le ha llevado a reducir de dos años y seis meses a un año y nueve meses la petición de cárcel para ambos procesados por el delito continuado de falsedad en documento privado. Por último, el abogado defensor del alcalde ha pedido su absolución y la defensa del exconcejal ha pedido su absolución y, de manera subsidiaria, el pago de una multa de seis meses.
Tras la presentación de los informes finales por cada una de las partes personadas en este procedimiento, será el jurado popular el que deba ahora deliberar y emitir un veredicto de inocencia o de culpabilidad, tras todo lo cual la Audiencia Provincial dictará la sentencia correspondiente.
LOS HECHOS
Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, el acusado, que es alcalde del municipio desde 1999, disponía de un teléfono móvil cuyos gastos se abonaban con cargo al fondo de las arcas municipales, pero "a pesar de que se trataba de un teléfono destinado a las necesidades del servicio público", el acusado "lo usaba de manera totalmente abusiva para sus propios intereses privados, originando cuantiosos gastos que fueron abonados con fondos públicos".
El fiscal añade que el procesado gastó entre septiembre de 1999 y febrero de 2001 hasta 6.098,66 euros en llamadas privadas a una mujer y a teléfonos eróticos. Al ser detectados todos estos gastos "indebidos y desproporcionados" por el entonces portavoz municipal de IULV-CA, éste dirigió un escrito al alcalde "pidiéndole explicaciones" y solicitando copias de las facturas desde agosto de 1999. Tras ello, el primer edil le contestó diciendo que había dado las órdenes oportunas al tesorero y al interventor municipales para exhibirle la documentación pedida a partir del 2 de mayo.
En fecha posterior al 26 de abril de 2001 el también acusado Juan Carlos Benítez Martín, "conociendo los hechos cometidos" por el alcalde "y para impedir su descubrimiento" a petición de este último, "aprovechó que como concejal tenía acceso a la documentación" y solicitó para sí los duplicados que ya se habían hecho de las facturas originales, que se encontraban debidamente conservados en el archivo municipal para su exhibición a la oposición.
MANIPULACION DE LAS FACTURAS
De este modo, una vez tuvo en su poder dichos duplicados "y con el beneplácito" del alcalde, "los manipuló, modificando mediante escáner muchos de los números receptores de las llamadas y los teléfonos de la línea erótica en todas las facturas desde noviembre de 1999 a febrero de 2001, todo ello con la finalidad de ocultar la actuación previa" del primer edil. Posteriormente, el concejal acusado devolvió al archivo municipal las copias manipuladas "a fin de que fueran exhibidas" a partir del 2 de mayo al portavoz municipal de IU.
No obstante, y una vez se constató la existencia de las copias manipuladas tanto por el portavoz de IU como por el interventor y tesorero municipales, el concejal imputado devolvió las copias auténticas. Tras la interposición de la querella contra los acusados en mayo de 2002, el alcalde devolvió la cantidad de 6.230,82 euros a que se refería la querella.
