El Pleno del Ayuntamiento de Morón de la Frontera aprobó, con el voto en contra del PP, la moción presentada por AMA Morón para evitar que, en las listas de las próximas elecciones, figuren personas imputadas. Así, salía adelante la moción de «reforma del reglamento de organización para concejales pendientes de juicios» en cuyos principios de acuerdos se insta a los comités electorales u órganos de dirección de los partidos con representación en el Ayuntamiento que se presenten a las elecciones, para que no incorporen en dichas listas a personas que se encuentren imputadas por delitos de corrupción como malversación, tráfico de influencias, prevaricación por delitos de terrorismo o por delitos de violencia de género. Con esta moción, parecida a la presentada en Alicante por UPyD y que daba pié a la dimisión de la alcaldesa Sonia Castedo, se solicita además al Gobierno central una reforma legal que regule las funciones que puedan ejercer los concejales que tengan fijado juicio oral. Con este documento se pide que, hasta que se produzca sentencia firme, no puedan formar parte de determinados órganos, consejos y comisiones, ni ostentar determinados cargos de representación o gobierno. Según Isidoro Ignacio Albarreal (AMA), «la idea es que personas que han podido cometer ciertos delitos no ocupen cargos ligados a su imputación». El PP, grupo político cuyo portavoz, Antonio Ramírez, está imputado por el Caso Mozampro, votaba en contra «puesto que la moción es contraria a derecho tal y como dice el informe de Secretaría. Además no tiene validez legal al ser competencia del Gobierno central». En el próximo pleno ordinario, el equipo de gobierno llevará, para su debate, la reforma del reglamento orgánico municipal que regulará dichas funciones ante una serie de delitos y que puedan entrar en contradicción con las funciones como edil.
