El Poder Judicial ha decidido postergar hasta el año que viene la revisión de la multa de 1.500 euros para el juez Rafael Tirado, que fue sancionado por no haberse asegurado de que Santiago del Valle ingresaba en prisión tras ser condenado por abusos. Del Valle fue acusado de matar a la niña Mari Luz, cuando debía estar encarcelado.
El Consejo General del Poder Judicial, que debía revisar la sanción al juez Tirado la semana que viene, ha optado por aplazar el caso hasta después de las navidades. Según informaron ayer fuentes del Consejo, el asunto no figura en el orden del día del pleno que este órgano celebrará el próximo miércoles 17, el último que tendrá lugar este año, por lo que la revisión de la sanción no se tratará al menos hasta mediados de enero de 2009, cuando está previsto que se reúnan de nuevo los vocales del CGPJ.
El ponente del caso, el vocal Félix Azón, aún no ha elevado su propuesta al pleno, que tiene que resolver sobre el recurso de la Fiscalía contra la sanción impuesta al juez de lo Penal 1 en Sevilla, Rafael Tirado, por el antiguo Consejo.
El Ministerio Público ha solicitado que el magistrado sea suspendido por tres años, al considerar que es autor de una falta muy grave de desatención o retraso injustificado en la tramitación de la causa. El juez Tirado "debería haber establecido un mínimo control sobre el estado de todas y cada una de las ejecutorias que se tramitaban en el Juzgado, lo que le hubiera permitido, al efectuar dicho control, detectar la existencia de la ejecutoria 31/06 y del estado de paralización en que se encontraba", dice el recurso del fiscal.
Retrasos y descuidos. Dicha sentencia era la que condenaba a prisión por un delito de abusos sexuales a su hija a Santiago del Valle, que más tarde se convertiría en el principal sospechoso de la muerte de la niña onubense Mari Luz. Del Valle permanece ahora en prisión cumpliendo esta primera condena y a la espera de ser juzgado por el caso Mari Luz, un crimen que le imputan, y que supuestamente cometió en el periodo de tiempo en el que debía haber estado en prisión cumpliendo la condena anterior.
La Comisión Disciplinaria del antiguo CGPJ atribuyó parte de la responsabilidad de lo sucedido a la secretaria judicial, Juana Gálvez, al fiscal y a los funcionarios del Juzgado en el que trabaja Tirado. De hecho, Gálvez, fue sancionada por el Ministerio de Justicia con dos años de suspensión de empleo y sueldo.
Protestas. La desproporción que hubo entre la sanción al juez, 1.500 euros, y la de la secretaria, provocó manifestaciones de los funcionarios judiciales a las puertas de los juzgados sevillanos. El mensaje que se dio fue que, con el índice de trabajo que tenían, lo que le ocurrió a Gálvez y a Tirado podría haberle pasado a cualquiera.
El caso de Mari Luz no sólo forzó al Gobierno a reaccionar endureciendo el Código Penal, y aprobando medidas concretas para controlar a los pederastas. También despertó un nerviosismo en los juzgados que, desbordados por el trabajo, empezaron a protestar abiertamente por la falta de recursos y personal. Parte de esas movilizaciones se están alargando en los juzgados de Violencia Doméstica.
