El PP-A presentará mañana en los juzgados de Sevilla una querella contra 26 altos cargos actuales y anteriores de la Junta de Andalucía, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, e intermediarios y beneficiarios de pólizas presuntamente irregulares relacionadas con expedientes de regulación de empleo (ERE).
La portavoz del PP-A, Rosario Soto, detalló ayer los pormenores de la querella por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude en las subvenciones y en la contratación administrativa y falsedades en documentos públicos y mercantiles.
El escrito solicita también la declaración como testigos del exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa y expresidente de la Agencia IDEA Francisco Vallejo, además del Interventor General de la Junta de Andalucía y el Interventor delegado de Control Financiero Permanente de las Empresas Públicas en el momento de los hechos, Manuel Gómez Martínez e Ignacio García Revilla.
Investigación abierta. Soto ha insistido en que "la querella está abierta", por lo que garantiza que "se dirigirá también contra todos aquellos que pudieran resultar implicados en los hechos como resultado de la investigación que se está realizando en el Juzgado".
En cuanto a los hechos denunciados, el escrito del PP-A sitúa el origen en el convenio entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -posterior Agencia IDEA- suscrito el 17 de julio de 2001 por el entonces consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, y el que era presidente del IFA, Antonio Fernández. Al respecto, considera que "al objeto de solventar los problemas de legalidad de las subvenciones concedidas a empresas, se ideó un sistema por el que seguir otorgando las subvenciones excepcionales a empresas en crisis o en proceso de reestructuración, evitando los procedimientos administrativos legalmente establecidos para el otorgamiento de las mismas y los controles de fiscalización previos que había de realizar la Intervención General de la Junta".
Además, la querella sostiene que para la financiación de este sistema los presupuestos de la Consejería de Empleo de 2001 a 2009 incluyen partidas con la denominación de transferencias de financiación de explotación al IFA-IDEA y que el volumen total de fondos transferidos desde 2000 hasta 2010 asciende a 647.869.157,45 euros.
Añade que "anualmente y en cumplimiento del convenio marco y de los convenios particulares se ejecutaban estas partidas presupuestarias para la concesión de subvenciones de todo tipo".
