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El PP alude a un acuerdo de 1988 para recurrir su expulsión de Mercasevilla

el 01 jul 2010 / 15:02 h.

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El Grupo popular del Ayuntamiento hispalense promoverá por la vía  civil un recurso contra el acuerdo adoptado en el seno de la junta  general de accionistas de la sociedad mixta Mercasevilla, participada  por el Consistorio y Mercasa, para reducir de 23 a nueve los miembros  de su consejo de administración con la desaparición de la  representación que ostentaba dicha fuerza política, esgrimiendo para  tal recurso el acuerdo plenario que, el 29 de junio de 1988, motivó  la modificación de los estatutos de la empresa mediante la que  accedieron a sus órganos de gobierno todas las fuerzas con  representación en la Corporación municipal.

El portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, y el portavoz  adjunto y hasta ayer consejero de la sociedad mixta, Beltrán Pérez,  comparecieron hoy arropados por otros concejales del Grupo popular  para informar de la reacción de los populares ante su "expulsión" de  los órganos de gobierno de Mercasevilla. La empresa, como se  recordará, está siendo investigada por el juzgado de Instrucción  número seis a cuenta de un presunto delito societario, el supuesto  intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex  directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce y las supuestas  irregularidades detectadas en el concurso público convocado para  enajenar los suelos del mercado central.

Y es que ayer mismo, la junta general de accionistas de la  sociedad mixta Mercasevilla acordó, con los votos favorables de los  miembros de la directiva que representan al Ayuntamiento y de la  sociedad estatal Mercasa, pero el voto contrario de la asociación de  mayoristas de fruta como accionista minoritario, reducir de 23 a  nueve los miembros del consejo de administración de la empresa, lo  que ha supuesto la desaparición de la oposición del Consistorio  hispalense de los órganos de gobierno de la compañía.

ELIMINAR "TESTIGOS"

Zoido advirtió de que la maniobra constituye "el mayor ataque a la  democracia" vivido en el Ayuntamiento hispalense al ocultar un  intento de suprimir los "testigos" de la gestión de la compañía,  sometida a la mencionada investigación judicial y cuyas cuentas de  2009 arrojan pérdidas por valor de 4.123.666 euros. Todo ello, sin  contar el pasivo de más de nueve millones de euros que pesa sobre la  empresa, debido a la incertidumbre que rodea a la financiación del  expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007 al desligarse la  Consejería de Empleo del pago de las prestaciones acordadas.

En ese sentido, Zoido recordó que las tres líneas de investigación  incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis en torno a la  gestión de Mercasevilla son fruto de las acciones judiciales  emprendidas por el PP después de que fuera relevado el supuesto  intento de cobro de comisiones ilegales, por lo que la "expulsión"  del PP de los órganos de gobierno de la sociedad mixta "se enmarca en  los turbios asuntos que pesan sobre la empresa y las diligencias  judiciales".

En ese punto, advirtió de que la decisión de reducir la  composición del consejo de administración "no ha sido improvisada",  pues además de ser promovida por PSOE e IU-CA como fuerzas que  ostentan la Presidencia y Vicepresidencia de la empresa, ha contado  con el "respaldo" de los "representantes" del presidente del  Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), en la sociedad mixta,  en alusión a los miembros de la sociedad estatal Mercasa que toman  parte en los órganos de gobierno de la compañía.

Dado el caso, y mientras el consejero delegado de la empresa, el  concejal socialista Alfonso Mir, justifica esta decisión en la  "despolitización" del consejo de administración y el ahorro de  costes, Zoido y Beltrán Pérez anunciaron que este acuerdo de la junta  general de accionistas será objeto de un "recurso por la vía civil"  que, como medida cautelar, solicitará la "suspensión provisional" de  dicho acuerdo.  

A tal efecto, el PP esgrimirá el acuerdo alcanzado por el pleno  del Ayuntamiento el 29 de junio de 1988, a instancias del Grupo de  IU-CA, para instar a la junta general de accionistas de la empresa a  modificar sus estatutos para dar cabida en sus órganos de gobierno a  las fuerzas políticas del Ayuntamiento, accionista mayoritario de la  sociedad mixta. Según Zoido, este recurso alegará un "abuso de  derecho" con la consiguiente eliminación de la "representatividad y  la proporcionalidad".

Además, anunció que los concejales del PP promoverán una "posible  ruptura de relaciones institucionales" con los socios de gobierno del  Ayuntamiento; PSOE e IU-CA, "siempre que no suponga un perjuicio"  para los intereses generales, asegurando por último que, si el PP se  hace con el Gobierno de la ciudad en las próximas elecciones  generales, será "restituida" la representación de la oposición en las  empresas municipales y organismos autónomos del Consistorio.

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