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El PP desmonta la Ley del Aborto e impone la cadena perpetua revisable

Gallardón anuncia en el Congreso un paquete de medidas que incuye una tasa para acceder al amparo judicial.

el 25 ene 2012 / 11:19 h.

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Gallardón y el socialista Julio Villarrubia.

Con la manifestación en protesta por considerar liviana la única condena en el caso Marta del Castilla todavía fresca, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer en la Comisión de Justicia del Congreso seis reformas que introducirán en el Código Penal español la cadena perpetua revisable, eliminarán el derecho a las menores al aborto sin consentimiento paterno, endurecerán la Ley del Menor y cambiarán el mecanismo de elección del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para ahorrar, introduce el copago judicial. Unas medidas que han recibido el inmediato aplauso del presidente, Mariano Rajoy, porque estaban "en el programa del PP", mientras que el PSOE e IU pusieron ayer el grito en el cielo por considerarlas una involución social.

Aborto: Impedimentos a menores... y a mayores
Gallardón quiere exigir el consentimiento paterno a las menores que quieran abortar, frente a la norma actual que permite a las mayores de 16 años con una relación conflictiva con sus progenitores interrumpir su embarazo sin que estos se enteren. El derecho a la vida se redefinirá en los términos de 1985, fecha de la primera Ley del Aborto. De hecho, las mujeres mayores de edad perderán el derecho al aborto libre hasta las 14 semanas, según la propuesta del PP, que también quiere restringir el criterio de permitir abortos hasta las 22 semanas "si existe grave riesgo para la vida de la embarazada" y critica por "eugenésicos" los casos en los que se permite el aborto por malformaciones en el feto. En todo caso, la reforma se inclinará por definir supuestos en los que permite el aborto más que en plazos en los que lo autoriza.

Cadena perpetua revisable. Pena permanente si hay reproche social.

La propuesta de implantación de "prisión permanente revisable", fue defendida ayer por el ministro como algo diferente a la cadena perpetua: "Lo perpetuo no es revisable. Gallardón insistió en que esta medida se aplicará de forma "excepcional y restringida" en aquellos casos que hayan alcanzado gran reproche social, puesto que las penas deben ir encaminadas a la reinserción social. Ha recibido apoyos como el de Juan José Cortés, padre de la niña asesinada en Huelva Mari Luz.

Copago: Pagar para recurrir sentencias injustas.
Ruiz-Gallardón está convencido de que los españoles acuden demasiado al juzgado y para limar este "exceso de litigiosidad" y "evitar abusos" propone gravar con tasas los recursos a las sentencias pasado el umbral de la primera instancia, con la salvedad de que este gravamen se devolverá si el recurso prospera y no se cobrará a personan sin recursos.

Elección de jueces. De asunto parlamentario a corporativo.
Doce de los 20 vocales del CGPJ pasarán a ser elegidos por los jueces, mientras que los otros ocho se elegirán "por consenso, no por intercambio" entre los grupos parlamentarios. La idea de Gallardón es "hacer desaparecer la sombra de la politización" del gobierno de los jueces. También quiere limitar las competencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, así como recuperar la figura del recurso previo de inconstitucionalidad.

Ley del menor:adolescentes a juicio con adultos.
En casos de delitos graves en los que haya implicados mayores y menores de edad, todos serán investigados y enjuiciados de forma conjunta, si bien a los menores se les seguiría aplicando la legislación prevista para ellos. El objetivo, explicó Gallardón, es evitar casos que han posibilitado dobles enjuiciamientos como con los asesinatos de Marta del Castillo y Sandra Palo. El ex defensor del menor en Madrid, Javier Urra, -y promotor de la actual Ley del Menor- animó a Gallardón a "meter el bisturí" para que los chicos de 17 años que cometan hechos graves puedan ser juzgados como adultos en función de su madurez, además de proponer una reducción del límite de los 12 años de edad para enjuiciar delitos con peores consecuencias.

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