Apuesta por el ladrillo. Esa es la receta que propuso ayer el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, para crear riqueza y empleo en la comunidad.
El lugar que eligió para explicar su estrategia fue un foro de infraestructuras, urbanismo y transportes, en el que se reunió con expertos del sector para analizar la situación en Andalucía. Moreno Bonilla fue claro. Anunció que su formación propondrá tres iniciativas legislativas para «garantizar la cohesión territorial» en la región, que van encaminadas a reactivar el sector de la construcción.
La primera de ellas es derogar el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), «porque ya no es útil. Es intervencionista e impide el desarrollo de los municipios». La segunda iniciativa es otra derogación. En este caso el Decreto del Litoral. El líder del PP denunció que éste frena el «desarrollo urbanístico sostenible y pone en peligro los proyectos vinculados al turismo», que, según sus cálculos, ha impedido la creación de 50.000 puestos de trabajo en Andalucía.
La tercera de las iniciativas legislativas es la regularización de las viviendas ilegales. Su propuesta va mucho más allá del anuncio de la presidente de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien planteó la necesidad de modificar el artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para legalizar entre 20.000 y 25.000 construcciones levantadas sin licencia en suelo no urbanizable, para que puedan contratar luz y agua y tengan una garantía de que no será demolidas. Esta cifra para el presidente del PP andaluz es pequeña. Su objetivo es mucho más ambicioso: «Dar salida a las 300.000 viviendas irregulares». Aclaró que no es una «amnistía», sino «darles una segunda oportunidad», o lo que es lo mismo, permitir su regularización, porque recordó que muchos de los afectados comenzaron su obra dentro de la legalidad, pero cuando las acabaron eran ilegales, «porque se cambiaron las reglas del juego».
Además de volver a la economía sustentada en la construcción de viviendas, también abogó por «aprovechar» el papel de la obra pública como una oportunidad para crear «riqueza y empleo». Propuso un nuevo plan de infraestructuras andaluz «con los pies en la tierra, realista, que genere riqueza y dotado con financiación, en el que se impulse el corredor ferroviario del Mediterráneo, se pongan en valor los puertos, se fomente el transporte público metropolitano y se invierta en el mantenimiento de carreteras».
Asimismo, reclamó a la Junta un nuevo plan de colaboración pública-privada y aplicar la ley de pagos a obras ejecutadas.
Moreno Bonilla no desaprovechó la ocasión para criticar a la Junta de Andalucía por estar continuamente reclamando más dinero al Gobierno central, «cuando no gestiona bien el que tiene, que a veces se va por el sumidero» y además no es capaz de «gastarlo ni en tiempo ni en forma», reprochó.
