Después de una década metido en el fango de una larga lista de irregularidades, el alcalde popular de La Línea, Juan Carlos Juárez, dimitió ayer forzado por una condena de seis meses de inhabilitación. Pese a la sentencia, el PP, por ahora, no lo apartará del partido. Aún le quedan otros tres casos en los que está acusado de prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias.
Lleva casi diez años, desde que llegó a la Alcaldía de La Línea , en el punto de mira por una cadena de supuestas irregularidades pero nunca, ni siquiera ahora que ha tenido que dimitir obligado por una sentencia de inhabilitación, su partido, el PP, le ha abierto expediente o lo ha expulsado. Juan Carlos Juárez dejará el cargo -en principio durante seis meses, que es el periodo de suspensión ratificado por la Audiencia- forzado por la sentencia del caso más nimio de todos en los que está envuelto. El juez le ordenó pagar más de un millón de euros por la deuda que contrajo el servicio municipal de hemodiálisis entre 1994 y 1998 y él no lo hizo. Eso es lo que le ha desbancado de la Alcaldía.
El primer teniente de alcalde del ayuntamiento, Gabriel Gonzálvez, será el sucesor hasta que se celebre el pleno municipal, que previsiblemente lo elegirá como regidor porque los populares controlan el 60% del consistorio. La oposición -sobre todo el PSOE, que es quien lleva la iniciativa de las denuncias- lleva años exigiendo sin éxito al PP que aparte a Juárez del partido. El líder popular, Javier Arenas, aseguró ayer que "respeta" la decisión del hasta ahora alcalde linense y que la considera "coherente". Confió en que la dimisión no entorpezca la gobernabilidad del municipio gaditano. El PP no tomará cartas en el asunto hasta que Juárez, que lleva gobernando desde 1999 y ganó las últimas elecciones con mayoría absoluta, agote la posibilidad de recurso. El regidor ya ha anunciado que acudirá al Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El PSOE de Cádiz pidió responsabilidades a Arenas, "que conoce perfectamente el número de causas que tiene el alcalde" y dijo que la inhabilitación es sólo "la punta del iceberg".
Juárez tiene pendientes otras tres causas más graves. Sólo en una de ellas ya se ha abierto juicio oral, las demás están estancadas desde hace años en la Audiencia Provincial de Algeciras. Incluso la Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias de inspección fiscal para investigar las causas de la demora. Ya es seguro que se sentará en el banquillo, junto a algunos de sus concejales, por haber contratado entre 1999 y 2000 supuestamente a dedo a más de un centenar de trabajadores municipales, muchos de ellos militantes gilistas, partido al que perteneció Juárez cuando desembarcó en La Línea. Están acusados de prevaricación, malversación y un delito contra los derechos de los trabajadores. La Fiscalía pide para Juárez diez años de suspensión y la acusación particular, ejercida por los socialistas, añade 29 de inhabilitación y seis de cárcel.
En materia urbanística, el proceso que está siendo tramitado por la Fiscalía Anticorrupción es el conocido como caso Roseworld, que investiga la venta irregular de cuatro parcelas del ayuntamiento en una subasta en 2005 a la empresa con este nombre, que carecía en ese momento de cualquier actividad mercantil. El informe policial que está en manos de la juez relaciona a Roseworld con el ex concejal de Urbanismo Carlos Ruiz Calama y el alcalde linense, Juan Carlos Juárez. La imputación para ambos es de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias y la acusación particular pide 28 años de prisión y 56 de inhabilitación. La juez retiró el pasaporte al ex edil.
‘ballena blanca'. El último de los expedientes, conocido como Multas, data de 2002 y tiene que ver con las sanciones de la Policía local cobradas y supuestamente no ingresadas en el ayuntamiento. Los tejemanejes del alcalde y su equipo han hecho que las arcas municipales hayan pasado de los 10 millones de euros de deuda a más de 90. La respuesta del consistorio fue subir los impuestos y las tasas.
También se destaparon vínculos entre el Ayuntamiento de La Línea y la operación Ballena Blanca, la red de blanqueo de dinero desarticulada en la Costa del Sol. Alguna de las empresas vinculadas a la trama, como Allerton Holding, realizó cuantiosas donaciones al consistorio e invirtió en publicidad en la Sociedad Municipal de Comunicación que gestiona la radio y la televisión locales.
