Zoido repitió el argumento básico por el que rechaza el modelo del Gobierno municipal de PSOE e IU: la presión fiscal es "la segunda mayor del país", según un informe de 2008 de Funcas. En el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la subida en los once años de Monteseirín ha sido del cien por cien; el sello del coche está al 95% de su capacidad impositiva, aumentan "incesantemente" las tasas del agua, la basura, la zona azul... Con este rosario de malas prácticas, Zoido volvió a repetir cuáles serían sus propuestas fiscales para Sevilla "cuando ganemos las elecciones del próximo mes de mayo".
En primer lugar, el PP se compromete a situar el IBI en la media de las cinco primeras ciudades españolas (no desveló cuál sería esa media); las tasas y los precios públicos subirían lo que el Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de agosto, incluso en el caso del Instituto Municipal de Deportes; se reforzarían los medios de la Agencia tributaria municipal con el objetivo de que aumentaran los niveles de recaudación; y, por último, se incrementarían las bonificaciones para familias en apuros económicos y se eliminaría la licencia de apertura para los que quieran abrir un negocio hasta que el crecimiento de la economía local fuese inferior al 1% del PIB.
Uno de los expertos en asesoría fiscal presente en la reunión abogó, incluso, por hacer obligatoria la domiciliación bancaria para así garantizar la recaudación de todos los impuestos.
La portavoz del Gobierno municipal y delegada de Hacienda, Nieves Hernández, hizo una primera valoración de la propuesta de Zoido horas después haciendo hincapié en las "contradicciones" que, a su juicio, tiene el modelo fiscal presentado. "Zoido defiende una cosa y la contraria", sostuvo, al recoger simultáneamente una bajada de los impuestos y la "aplicación general" del IPC cuando este segundo extremo "incrementaría un 1,8% todas las figuras fiscales".
Hernández recordó, en declaraciones a Europa Press, que el Gobierno PSOE-IU defiende la "congelación" en su proyecto de ordenanzas fiscales de 2011. En cuanto al IBI, apuntó que el Ayuntamiento ha resuelto no consumar la revisión catastral que le correspondería, "una renuncia que constituye una decisión muy sensible para los contribuyentes".
