El Partido Popular rechazará este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados tomar en consideración una propuesta del Parlamento andaluz para que Andalucía vuelva a recuperar las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz a través de la vía del artículo 150.2 de la Constitución, a pesar de que esta propuesta sí contó con el respaldo inicial de los 'populares' andaluces en la Cámara autonómica.
Así lo han confirmado a Europa Press en fuentes 'populares', quienes han señalado que hay "dos sentencias del Tribunal Constitucional" sobre este asunto "clarísimas" y que llevan al Partido Popular a votar este martes en contra de la propuesta andaluza. El Parlamento andaluz acordó en diciembre de 2011 elevar el texto al Congreso de los Diputados para su toma en consideración con el apoyo unánime de los grupos políticos, aunque el PP-A ya se abstuvo y votó en contra entonces de algunos apartados de la proposición de ley.
De hecho, su entonces presidente, Javier Arenas, llegó a anunciar en una entrevista con Europa Press que la propuesta tendría que sufrir cambios para ser apoyada por el Grupo Popular en la Cámara Baja porque la posición de su partido se fundamenta en el respeto a la decisión del TC, en la unidad de cuenca, en la colaboración de la Junta con el Gobierno respeto a las competencias de otras comunidades y en un "cambio radical" de la gestión del agua en base al acuerdo con funcionarios, regantes y ecologistas.
La Cámara Baja, con mayoría absoluta del PP, decidirá este martes si admite o no a trámite la iniciativa aprobada por el Parlamento andaluz en la anterior legislatura tras no ser posible un acuerdo entre el Gobierno central y la Junta para buscar una solución a la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que recogía las competencias exclusivas de la comunidad sobre las aguas del Guadalquivir que transcurren íntegramente por su territorio.
La iniciativa de la Cámara autonómica, avalada en términos de legalidad por un informe elaborado por el Consejo Consultivo a petición de los tres grupos parlamentarios, será defendida en el Congreso de los Diputados por los tres representantes designados en su día por los grupos parlamentarios, Mario Jiménez (PSOE-A), Carolina González Vigo (PP-A) y José Antonio Castro (IULV-CA).
La proposición de ley orgánica plantea la habilitación de instrumentos de coordinación entre las administraciones central y autonómica para evitar la fragmentación o compartimentación de la gestión, mientras se atribuye al Estado velar por el respeto de las competencias de las comunidades autónomas que, aunque de forma minoritaria, tienen terrenos incluidos en la cuenca hidrográfica. Entre las competencias que se propone delegar a la comunidad, destacan las relativas a concesiones de recursos hídricos; administración y gestión del registro de aguas y del censo de vertidos autorizados; policía de aguas y cauces; autorizaciones de vertidos y de uso del dominio público hidráulico; procedimientos sancionadores; sistemas automáticos de información hidrológica; deslindes de cauces, y cesiones de derecho al uso privativo de las aguas (en coordinación con la Administración central).
La proposición no incluye la delegación de las competencias que inciden sobre el régimen jurídico de las aguas, cuyo ejercicio se reserva íntegramente al Estado junto con las correspondientes fórmulas de control adicional constitucionalmente permitidas. De igual modo, se excluyen atribuciones relativas a normativas básicas de protección del medio ambiente, las obras públicas hidráulicas de interés general y la planificación hidrológica de la demarcación.
