El amplio plan de recortes del Ayuntamiento para hacer frente a una deuda de 4,9 millones de euros en las facturas de la luz se ha llevado por delante otro de los proyectos estrellas de IU durante el pasado mandato: el acuerdo por la salud laboral y contra la siniestralidad suscrito con los sindicatos en febrero de 2011 para compensar la anulación por parte de los tribunales del pliego de cláusulas contra la siniestralidad.
Según se recoge en el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local el área de Empleo se ve obligada a renunciar a dos partidas de 30.000 euros que tenían como destino los sindicatos UGT y CCOO. Este dinero formaba parte de un acuerdo, al que se sumó la Cepes y que se encontró con el rechazo de los empresarios, que tenía como objetivo financiar los controles en los trabajos realizados por empresas municipales y contratados por el Consistorio, llevar a cabo un plan de control de la seguridad laboral de todas las obras e iniciar campañas de sensibilización.
Con la llegada del nuevo gobierno local, según confirmaron fuentes sindicales y municipales, se decidió reorientar estas ayudas de forma que en lugar de centrarse en la seguridad laboral se dedicasen a planes de formación proyectados por los sindicatos. Así se le trasladó a los representantes de UGT y CCOO, quienes admitieron ayer que contaban con recibir estas partidas antes del cierre del año.
Pero no será así. Los 60.000 euros con los que se financiaba el plan de colaboración entre el Consistorio y las centrales sindicales se han borrado del presupuesto para poder afrontar los recibos de la luz y los compromisos salariales de Giralda TV de aquí a final de año, según consta en el acuerdo de la junta de gobierno y según confirmaron fuentes municipales. "No teníamos constancia de que se iba a retirar ese dinero. Es un acuerdo que firmamos con el gobierno anterior y que nos pidieron cambiar de finalidad. Dijimos que preferíamos mantenerlo, y hasta ahora. Si es así, desde luego, es una mala noticia", apuntó el secretario provincial de CCOO, Alfonso Vidán. Tampoco el secretario general de UGT, Juan Antonio Gilabert, conocía ayer la suspensión de estas ayudas acordadas a principios de año.
Esta línea de ayudas, según confirmaron fuentes del anterior gobierno, procedía de un intento de volver a encauzar el pliego de claúsulas contra la siniestralidad pactado por el Consistorio con los sindicatos y que establecía una serie de medidas de control a las empresas que realizaran contratos con el Ayuntamiento. Tras un recurso de la patronal, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló esta normativa, lo que dejó en el aire durante meses todo el trabajo realizado. Fue a finales de 2010 cuando se impulsó una alternativa: un pacto local por la salud laboral que establecería una línea de colaboración con los sindicatos y un nuevo marco de control de la seguridad laboral en las empresas.
Por este motivo se incluyó una partida en los presupuestos de 30.000 euros para cada una de las centrales sindicales para colaborar económicamente en estas medidas de control y elaborar planes de seguridad. El acuerdo se firmó finalmente en febrero aunque no fue hasta finales del anterior mandato cuando se consiguió introducir en la Junta de Gobierno y aprobar su formalización. Ya sin tiempo para su puesta en funcionamiento.
A su llegada, el PP replanteó estas ayudas aunque el primer objetivo, según fuentes municipales, fue mantenerlas como una colaboración sindical. Finalmente, sin embargo, la "urgencia" de los pagos de la factura de la luz han acabado con estas partidas.
