José Salas Burzón, presidente de la inmobiliaria Contsa, en suspensión de pagos, ha sido citado de nuevo mañana ante la juez de Sevilla que investiga los delitos de estafa y apropiación en la captación de pequeños ahorradores, en esta ocasión por una nueva denuncia de un inversor.
Fuentes judiciales han dicho hoy a Efe que la juez de instrucción 17 de Sevilla ha citado a Salas Burzón como imputado a partir de las 11.30 horas y, como testigos, al denunciante M.L·L. y a su esposa, que entregaron a Contsa 484.000 euros aunque la empresa solo les reconoce deudas de 60.000 euros.
Se trata de la cuarta denuncia que tramita este juzgado por la vía penal, mientras que el Juzgado de lo Mercantil que lleva la suspensión de pagos acumula ya las reclamaciones de más de un millar de accionistas y pequeños inversores, que confiaron sus ahorros a Contsa a cambio de elevadas rentabilidades.
En su primera comparecencia como imputado, realizada el pasado 7 de marzo, Salas negó haber seguido captando dinero una vez que tuvo las primeras noticias de problemas económicos, en noviembre de 2007.
También aseguró que desconocía las cuestiones de contabilidad porque eran responsabilidad de su hermano, fallecido el 7 de febrero de 2008 por suicidio.
En su declaración, Salas atribuyó los problemas económicos de su empresa a la "crisis del ladrillo" y aseguró que a partir del 20 de noviembre de 2007, cuando tuvo noticia de los primeros problemas, dio orden de que se dejase de captar nuevas inversiones
En cuanto a la suspensión de pagos, fuentes del caso han dicho a Efe que el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla ha rechazado la petición de Salas de que sea declarado nulo porque, a su juicio, debería ser tramitado como voluntario, es decir instado por la propia empresa, y no necesario, a instancias de un acreedor.
La petición de Salas se basó en que el concurso necesario se abrió a petición de un acreedor que fue el primero que lo solicitó, el pasado 11 de febrero, pero antes de notificarlo a Contsa, dio al demandante diez días para demostrar la existencia de otros afectados, y dentro de ese plazo la empresa presentó su propia solicitud de concurso.
El concurso de acreedores voluntario habría permitido al presidente de la empresa seguir administrándola junto con los gestores nombrados por el juzgado, han precisado las fuentes.
El total de acreedores y de deuda deben ser valorados en las próximas semanas por los tres administradores judiciales de la compañía, pero según fuentes del caso superará ampliamente los 609 deudores y 49.399.202 euros que ha reconocido la empresa.
