Ocurrió. Antes o después tenía que ocurrir y ha pasado con la campaña en su apogeo. Y además con un tufo machista que apesta. La tensión entre los socialistas y la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso de una presunta trama fraudulenta tejida con ayudas públicas y que cuenta con una veintena de imputados (entre ellos varios exaltos cargos de la Junta), ya ha dejado de ser cosa de corrillos. Llevan los socialistas meses difundiendo rumores y aguardando con cautela un mal paso de la magistrada para que su instrucción quedara en entredicho. Pero resulta que es el Consejo General del Poder Judicial el que ha irrumpido en escena en defensa de Alaya y reprochando duramente al PSOE sus comentarios "vejatorios". Lo que son las cosas. Marcando el paso Alfonso Guerra, un histórico que está dirigiendo el discurrir de la campaña andaluza. El PP está más que satisfecho porque el caso de los ERE ha cobrado una dimensión que ni ellos mismos soñaban en unas elecciones generales.
A nadie que sepa leer se le escapa el tono inquisitorial que emplea la magistrada Mercedes Alaya contra la Junta en sus autos. Fue ella la que puso en entredicho la colaboración de la Junta con la Justicia, justo cuando el Gobierno llevaba semanas defendiendo que era el mayor interesado en que este fraude se destapara y había abierto una investigación interna. Mantuvo un pulso con la Junta inaudito a cuenta de las actas de los Consejos de Gobierno, que reclamó para custodiar insinuando que podrían ser manipuladas para destruir pruebas. La misma jueza ignoró la petición de elevar este conflicto al Supremo. Tenía un plazo de cinco días para hacerlo y lo dilató casi un mes. En medio, pasaron las elecciones municipales. El Alto Tribunal criticó esa maniobra aunque le dio la razón sobre su derecho a acceder a las actas. Fue la misma Alaya la que se preguntó como el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, no había estado al tanto de este presunto fraude cuando era consejero de Economía. Entre sus últimos autos, uno se pregunta si hay más consejerías implicadas y el otro advierte de que no es el momento de imponer fianzas porque la instrucción va "por el último escalón de la pirámide" y hay que seguir "subiendo".
Todo esto ha permitido al PP hilvanar una historia casi perfecta contra la Junta. Cada auto ha dado munición política al PP, que los ha utilizado sin piedad. Tampoco ha sido extraño que fuera el PP el que lanzara unas acusaciones y después la magistrada decidiera encauzar su investigación por esos derroteros. Ha ocurrido con las ayudas directa a empresas adjudicadas de ese mismo fondo bajo sospecha. Ayudas que, según el PP, firmó el secretario general del PSOE de Sevilla y candidato al Congreso, José Antonio Viera, para beneficiar en su mayoría a políticos y expolíticos de la Sierra Norte de Sevilla. La provincia ERE, que la llaman algunos. Esa que Rajoy situó en Cádiz.
Lo anterior es indiscutible. Tanto como que la jueza imputó al candidato de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, en plena campaña electoral de las municipales. Por eso los socialistas tienen las carnes abiertas porque han oído que el 17, a tres días de las elecciones, Alaya llamará a declarar a nuevos imputados. (En realidad es el 24, porque ese otro cita a las partes para resolver las fianzas que ha pedido la Fiscalía Anticorrupción). Lo mismo que es nítido que el PSOE no ha encontrado aún ninguna irregularidad en la instrucción de la magistrada, porque si no, recurriría.
Con todos estos antecedentes, va Guerra y opina. El exvicepresidente es como Aznar, va por libre y no se le puede poner guión. Es el riesgo que tiene sacar a las viejas glorias. Y el histórico socialista en lugar de poner en entredicho el trabajo de la jueza tira por lo mundano y habla con sorna de una "relación fuerte personal entre la jueza y el actual alcalde de Sevilla", Juan Ignacio Zoido, "que algún expediente en común tuvieron y alguna cuestión curiosa". Y encima, tras el rapapolvo del Poder Judicial, va y acusa a los jueces de tener una mente calenturienta y los perdona, como si fuera Dios, por haberse metido en campaña y actuar de oficio. [Por cierto que se me viene a la cabeza ese otro caso en el que un juez dijo que llamar "zorra" a una mujer con claros indicios de ser víctima de maltrato no era un insulto porque quería decir "astuta". Que también podría ahí el CGPJ haber actuado de oficio ¿no?] Volviendo al caso ¿no hubiera sido mucho más inteligente -si es que es rentable darle aire a este tema en plena campaña- denunciar a la jueza por su trabajo y no por su vida personal? Y si no fuera mujer -muy atractiva además, según coinciden en resaltar cada vez que la ven retratada mucho de los hombres que me rodean- ¿también habría ido por ahí los tiros? Permítanme que lo dude y con datos, porque no he escuchado hasta ahora desacreditar el trabajo de ninguno de los políticos que nos gobiernan por su vida sentimental. Cuando una mujer profesional triunfa en su carrera siempre está presente el tópico de que no ha ascendiendo por méritos propios. Y por cierto la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, la única socialista que ha levantado la voz, sigue sin desilusionarme.
