Recuperar la confianza del ciudadano y afianzar los derechos sociales es esencial, pero salir de la crisis es urgente. Así lo entienden los socialistas, que han propuesto numerosas medidas para impulsar la economía y el empleo, como un gran pacto entre administraciones y agentes económicos y sociales que permita unificar las políticas activas de empleo para adecuar la formación de los parados al mercado, mejorando sus posibilidades de lograr un trabajo.
La idea es que todos los recursos destinados a escuelas taller, casas de oficio o similares sigan idéntica estrategia, con un ojo puesto en las empresas, para ajustar oferta y demanda.
Fue una de las propuestas de la comisión titulada La transición hacia un nuevo modelo económico, en la que el PSOE también dejó claro que no quiere que nadie salga del sistema educativo antes de la mayoría de edad sin haber obtenido una titulación básica y una cualificación profesional; se entiende que la formación es la clave para cambiar el modelo productivo y, así, hacer remontar la economía.
Ese impulso también se lograría con líneas de financiación pública para poner en marcha nuevas empresas que al principio no tendrían que pagar impuestos, y a las que los ayuntamientos tendrían que cederles suelo público que, en caso de no estar disponible, podría llegar a expropiarse en las áreas industriales. En la misma línea, se propone aumentar la progresividad de los impuestos para que paguen porcentajes más altos los que más ganen y la creación de un Instituto de Crédito Oficial a nivel regional que permita poner el capital en circulación.
Por el contrario, y para evitar que las ayudas a las empresas caigan en saco roto, se propone que las subvenciones destinadas a impulsar la economía o el empleo deban devolverse si no se cumplen los objetivos para los que fueron concedidas.
Con vistas a mejorar el modelo económico, la mesa también sugerirá a la conferencia federal la eliminación de las exenciones fiscales de las que disfruta la Iglesia, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida y una reforma de la Ley Hipotecaria para permitir que la entrega de una vivienda pueda saldar la hipoteca solicitada para comprarla.
Esta reforma, en este caso para flexibilizar el pago en periodos de dificultad, fue refrendada también en la ponencia Comprometidos con la igualdad y los derechos sociales, en la que también se plantea la necesidad de reservar bolsas de suelo para construir viviendas protegidas. De este debate surgieron también las propuestas de blindar con un gran pacto el sistema sanitario público e instaurar como derechos el acceso a la información y a la cultura; así como incluir una fiscalidad más justa y progresiva en los impuestos, e imponer esa progresividad también en la concesión de ayudas públicas, de forma que la renta sea determinante.
Por último, la mesa Un modelo de gestión municipal más eficiente defendió la necesidad de reformar las diputaciones para mejorar la calidad de la asistencia que prestan; y abogó por apoyar las agrupaciones voluntarias de municipios para compartir recursos y ahorrar en los costes. También se plantearán a nivel federal dos propuestas que está previsto aplicar en Sevilla: la formación para mejorar la gestión de los alcaldes y bancos de buenas prácticas municipales para dar ejemplo a otras localidades.
