Según publica El País, el PSOE madrileño considera que la también diputada andaluza cometió un delito de prevaricación al adjudicar en enero de 2004 los contratos para participar en la Feria de Turismo de Madrid (Fitur) a Special Event y Down Town Consulting, dos empresas vinculadas a Correa. La ex regidora firmó esas adjudicaciones, con un coste superior a los 200.000 euros, por la vía de urgencia y "a dedo", según el PSOE.
El PSOE andaluz exigió ayer al PP-A explicaciones al respecto. En concreto pidió al líder del partido, Javier Arenas, que comparezca para aclarar si "Andalucía es territorio Gürtel". "El Gürtel no surge antes de que Arenas tuviera el control férreo del PP", aseguró el portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez. El número dos de los populares, Antonio Sanz, achacó la actuación de los socialistas a una "iniciativa electoral desesperada para intentar salvar el sillón" de la Alcaldía de Jerez. El PP defendió la "moralidad y honestidad" de todos sus cargos públicos y se mostró convencido de que el PSOE resucita el Gürtel en Andalucía para "tapar" la supuesta "trama" de prejubilaciones irregulares con fondos de la Junta.
Ahora será el juez que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, quien valore si hay indicios de prevaricación en la actuación de García Pelayo. Si es así, tendrá que solicitar una prueba del presunto delito cometido por la diputada del PP que, por su condición de aforada no podría ser juzgada por un tribunal ordinario, sino por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Fue la actual alcaldesa jerezana, Pilar Sánchez (PSOE), quien presentó la denuncia en 2009 sobre los contratos a las empresas de Correa. García Pelayo siempre ha insistido en la "legalidad" de las adjudicaciones y en que la vía de urgencia estaba "justificada".
