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El PSOE tropieza con el PSOE

La decisión del partido de no apartar a los expresidentes imputados hasta que sean procesados y el contraste con el golpe de mando en Madrid compromete la campaña de Susana Díaz

el 17 feb 2015 / 13:20 h.

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El nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, se dirige a la sede del partido en Ferraz con la presidenta andaluza, Susana Díaz El nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, se dirige a la sede del partido en Ferraz con la presidenta andaluza, Susana Díaz El Supremo ha evitado que dos expresidentes andaluces y otros tres exmiembros del Ejecutivo autonómico desfilen por los juzgados durante la campaña electoral, como ocurrió en los últimos comicios autonómicos por orden de la jueza Mercedes Alaya. Pero el caso ERE y las imputaciones de Chaves y Griñán van a estar presentes durante toda la campaña. Desde ayer es la principal arma electoral de todos los partidos políticos contra Susana Díaz. Si la flamante presidenta de la Junta tiene un punto débil es la sombra de la corrupción que le persigue desde los gobiernos socialistas que le precedieron, y que no logra sacudirse del todo, a pesar de haber eliminado a todos los consejeros salpicados por los ERE, primero del gabinete, y luego de las listas de candidatos del PSOE al 22 de marzo. La citación de Chaves y Griñán para declarar como imputados ante el Supremo es una espada de Damocles que penderá sobre la cabeza de Díaz de aquí al 22M. Y lo es por dos poderosas razones: porque fue ella misma quien, en busca de ser «implacable contra la corrupción», exigió para los expresidentes andaluces una respuesta más contundente de lo que pedían los propios estatutos de su partido; y segundo, porque el caso ERE deja al desnudo las «incoherencias» de un PSOE, capaz de disolver de un golpe la federación madrileña y apartar a su líder, Tomás Gómez, por un caso de corrupción en el que ni está imputado ni ha sido llamado a declarar, pero renuente a actuar del mismo modo contra dos expresidentes autonómicos imputados en uno de los mayores casos de fraude de dinero público que se conoce (266 imputados). Estos paralelismos, que alimentan la estrategia de campaña de PP, IU, Podemos, UPyD y Ciudadanos, al PSOE-A se le han indigestado. Los socialistas andaluces se niegan a valorar la crisis de Madrid, y actúan como un avestruz ante un tornado. «Nosotros a lo nuestro», reiteran. El pasado 6 de noviembre, cuando el Supremo admitió la causa contra los expresidentes por los ERE, Díaz sorprendió a todos dentro y fuera de su partido anunciando que pediría el acta de diputado y senador a todo el que fuera imputado en su partido. «Cualquier persona que resulte imputado por el Supremo o por el TSJA va a tener que dejar el escaño, y esto que les anuncio aquí, se lo explicaré yo personalmente a ellos», sentenció Díaz. La presidenta de la Junta rebasó el propio código ético del PSOE, que obliga a un cargo público a entregar su acta en cuanto se le abre juicio oral, es decir, en cuanto un juez le inculpa de un delito concreto tras tomarle declaración. Díaz enfureció a la vieja guardia socialista –a Chaves y a Griñán en primer término– pero también a la dirección federal de Pedro Sánchez, a quien no le comunicó su decisión. Si la líder del PSOE-A hubiera mantenido aquel anuncio hasta ayer, hoy los dos expresidentes y los tres exconsejeros habrían tenido que entregar su acta, habrían perdido su condición de aforados, y probablemente su causa habría vuelto a manos de la jueza Alaya, que en su día la elevó al Supremo porque carecía de competencias para juzgar a políticos aforados. Sin embargo, Díaz matizó sus palabras una semana después en el Parlamento, donde aclaró a los periodistas que pediría la dimisión de Chaves y Griñán si, tras declarar ante el Supremo, fueran procesados. «Si cuando comparezcan ante el juez se les imputa algún delito, a mí no me va a temblar el pulso», dijo. Se explicó entonces lo mismo que ayer repitió hasta la saciedad el PSOE, el andaluz y el federal: que los expresidentes han pedido declarar voluntariamente, y que sólo pueden hacerlo como imputados, para acudir ante el juez asistidos por sus abogados. Ahora no hay señalamiento de ningún delito concreto, así que el PSOE ha congelado la decisión de retirarles el acta. Este martes, en Baza, Díaz se reafirmó en sus palabras: «Yo no me he movido ni un milímetro de lo que pienso: cuando el juez impute un delito a alguien, esa persona tendrá que dejar el escaño. La coherencia es lo que prima». Hasta entonces, los adversarios de Díaz van a usar ese tiempo para minar su credibilidad.

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