A.T.
El PSOE ya prevé una ley de plazos en el aborto -en que éste no debe justificarse- tras las primeras conclusiones del comité de expertos que asesora al Gobierno socialista para redactar la nueva norma del aborto.
Así, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui, aseguró que es "una hipótesis más que posible" que el Gobierno proponga una ley que permita el aborto "libre, sin exigencias de supuestos, en las primeras 12 o 14 semanas" de embarazo. En una entrevista, Jáuregui opinó además que el Tribunal Constitucional, que en 1985 emitió una sentencia contraria a una ley de plazos, haría hoy en día "una interpretación más flexible y más actualizada de ese conflicto" entre el derecho de la madre y el derecho del nasciturus.
De llevarse a cabo finalmente la propuesta, España tendría una ley similar a la de la mayoría de los 27 países que conforman la Unión Europea (UE) permiten a las mujeres. Y es que en hasta 20 países miembros de la UE las mujeres pueden interrumpir voluntariamente su embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación sin condiciones, si bien todavía hay grandes diferencias legales sobre el aborto, siendo ilegal en Irlanda -que prohíbe la interrupción incluso si la vida de la madre corre peligro- y Malta y libre hasta las 18 semanas en Suecia -el primer estado en legalizar el aborto bajo determinadas condiciones en 1938- y las 24 de Holanda, el más permisivo de todos.
La subcomisión parlamentaria acabará su trabajo en enero o febrero y elevará un informe para aportar al Gobierno posibles líneas de reforma. Mientras tanto, el comité de expertos que asesorara al Ejecutivo propone fijar unos plazos.
cuestión de semanas. La nueva norma establecería una ley de plazos hasta las 14 semanas de gestación, lo que permitiría a la mujer interrumpir su embarazo sin alegar más razones que la de su propia voluntad. La actual normativa, del año 1985, dictamina que el aborto es un delito excepto en tres supuestos: violación (hasta las 12 semanas), malformación del feto (hasta la semana 22) y riesgo para la salud física o psíquica de la madre, sin ningún tipo de límite.
En 2007 se produjeron un 10,38% más de interrupciones del embarazo, un dato que duplica ya el de hace 10 años. En la mayoría de los 112.138 abortos practicados en España el pasado año, el motivo utilizado fue la salud materna. Una tendencia, que según los expertos, obedece a los vacíos de la actual norma, que permite interpretaciones extensivas y no fija ningún plazo. Además la mayoría de las interrupciones (97,91%) se realizaron en centros privados.
problemas con el feto. Para las malformaciones fetales "incompatibles con la vida" los expertos abogan por permitir el aborto sin ningún plazo. Supuesto que ahora mismo se permite hasta la semana 22, independientemente del tipo de enfermedad. Y es que una de cada dos malformaciones se diagnostica por encima de dichas semanas, según un estudio del Hospital 12 de octubre de Madrid y publicado en la edición impresa del diario El País.
Cualquier riesgo para la madre que surja una vez superado el plazo de las 22 semanas se podrá solucionar con una inducción al parto, ya que gracias a los últimos avances en medicina a partir de esa fecha el feto ya es viable como un parto de niño prematuro.
Además los expertos proponen que no se permita la objeción de conciencia en bloque de un hospital, pese a que ésta no se regulará en la futura ley. No obstante, los colegios médicos de España se mostraron durante una de las sesiones de trabajo de la subcomisión parlamentaria partidarios de ello.
respaldo. Al PSOE no le preocupa demasiado que el PP decidiera recurrir ante el Tribunal Constitucional la futura ley. "Es posible que tengamos una nueva sentencia y no me parecería mal porque la sentencia de 1985 responde a un contexto quizás distinto que el de 23 o 25 años después", explica Jáuregui. En parte porque intuye -o más bien sabe- que la mayoría progresitas del Congreso de los Diputados apoyará el cambio de ley. El PSOE cuenta con el apoyo de ERC, IU, ICV y BNG, ya que todos ellos están de acuerdo en que la actual legislación es insuficiente para garantizar la seguridad jurídica de las mujeres y de los profesionales de la medicina. El PP podría quedarse sólo en su intento de mantener la actual norma.
