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El reto de los desahucios y el ladrillo ‘bueno’

Familias echadas de sus casas mientras hay pisos vacíos son la cara más dramática de la crisis con unos malos, los bancos, a los que unos quieren sancionar y con los que otros quieren negociar. En medio, un sector demonizado pero llamado a seguir creando empleo.

el 14 mar 2015 / 10:30 h.

viviendas-02Es sin duda la cara más dramática de la crisis:la imagen de familias que se ven con sus enseres en la calle desalojados por la Policía de la que hasta entonces ha sido su casa porque su situación económica se ha deteriorado tanto que no pueden pagarla. Un drama que se produce en Andalucía a razón de 45 veces al día con más de 86.000 casos desde 2007. Mientras, a esa imagen se contrapone la de promociones levantadas en el boom del ladrillo pudriéndose entre jaramagos completamente vacías –las cifras manejadas en Andalucía hablan de 700.000 viviendas desocupadas–, muchas de ellas en manos de las entidades financieras cuya arriesgada apuesta por el negocio inmobiliario está en el origen de la crisis y en la necesidad de un rescate con fondos públicos que varias fuerzas políticas insisten en que debe tener su contrapartida. Pero también las hay de VPO construidas por las administraciones para su venta con unas condiciones que los 50.000 andaluces inscritos en los registros de demandantes hoy no pueden asumir. ¿Por qué no se rebajan los precios o se ponen en alquiler de forma asequible en vez de tenerlas vacías? Es la pregunta que el ciudadano medio se hace, y a la que partidos como IU o Podemos pretende dar respuesta con leyes e incentivos al fomento del alquiler (la tasa de inquilinos versus propietarios en Andalucía es del 16,9 por ciento frente al 33 por ciento de media en Europa) y sanciones a los bancos que no pongan su stock en el mercado. PSOE, PP y Ciudadanos también apuestan por ayudas al alquiler y con los bancos, optan por la negociación para lograr incluso la cesión al parque público de parte de ese stock (1.500 se propone el PP) y la protección al consumidor ante abusos en créditos y contratos. Tanto el PSOE como IU y Podemos planean legislar al respecto e instrumentos de asesoramiento y defensa. En política de vivienda el Gobierno andaluz sí ha marcado una diferencia con el estatal. Mientras el Ejecutivo central no se atrevía siquiera a regular la dación en pago –que en su programa Ciudadanos promete regular– creando como mucho un mero código autorregulador de buenas prácticas para los bancos, en Andalucía se empujaba en esa línea. En el pacto de PSOE e IU, la coalición de izquierdas asumió las competencias en la materia e hizo de su política de viviendas su seña de identidad con una ley pionera que acaparó la atención nacional que permitía expropiar temporalmente el derecho de uso de viviendas a promotoras y entidades financieras para evitar desahucios de familias que por circunstancias sobrevenidas acumulaban impagos. Solo se pudo aplicar en unos pocos casos porque el Gobierno central la recurrió ante el Constitucional, alegando una colisión con el derecho a la propiedad privada, y el tribunal suspendió cautelarmente su aplicación. Pero permitió a IU evidenciar su declaración de intenciones en este asunto del que saca pecho en el programa, donde reivindica también las ayudas al alquiler social y no haberse desprendido del parque público de viviendas e incluso haberlo incrementado, además de la paralización de desahucios. viviendas-03Precisamente, a cuenta del realojo de 17 familias que llevaban dos años ocupando ilegalmente un edificio privado en Sevilla, la famosa Corrala Utopía, se produjo la primera crisis entre los socios de gobierno que desembocó en una retirada de las competencias a IU durante 48 horas. Y es que IU, incluso gobernando, ha sido comprensiva cuando no ha apoyado la «desobediencia civil» de la «gente sin casas» mientras hay «casas sin gente». Un movimiento ciudadano antidesahucios que está en la génesis de Podemos.   REHABILITACIÓN Ambas formaciones comparten en sus programas mecanismos sancionadores y expropiadores para evitar desahucios, además de la promoción del alquiler frente a la compra y la rehabilitación frente a la nueva construcción como fórmula para dinamizar el sector y recuperar el empleo perdido en éste pero con un ladrillo bueno. Si bien el PSOE, el PP y Ciudadanos se apuntan al carro de los planes de vivienda basados en la rehabilitación que IU ya puso en práctica en este mandato (este año con 39 millones destinados a rehabilitar casi 7.000 casas), aunque los socialistas apuntan a la colaboración con la iniciativa privada mientras IU y Podemos apuestan por centrarse en cooperativas y entidades del tercer sector. Todos prometen ayudas para esas reformas, especialmente si van dirigidas a la eficiencia energética de los edificios (el PP promete duplicar la financiación para la adaptación de viviendas a personas con discapacidad y la instalación de ascensores). IU y Podemos ponen el acento en las barriadas degradadas (329 según IU hay en Andalucía)y en acabar con la infravivienda y el chabolismo (hay 10.000 según Podemos). También el PP alude a un plan específico para este tipo de zonas. La construcción comienza a remontar. / Rodríguez Aparicio Una pareja mirando el plano de su futura vivienda. / Rodríguez Aparicio Los populares incluyen la promesa de construir 8.000 nuevas viviendas destinadas a alquiler social y negociar que los bancos le cedan para el mismo uso otras 1.500 de su stock de pisos vacíos. Así como la regularización de 250.000 viviendas situadas en suelo no urbanizable adquiridas por compradores de buena fe (el PSOE no da cifra pero sí habla de contemplar este problema en la adaptación de la Ley de Ordenación Urbanística). También el PSOE se propone incrementar el parque público de vivienda adquiriendo la propiedad o el derecho de uso de grandes bolsas de inmuebles improductivos en manos de los bancos y mediante permutas con los ayuntamientos. PSOE y Podemos se comprometen a mantener a los fondos buitres fuera de la propiedad inmobiliaria e IU a limitar en la ley urbanística el precio máximo de los suelos para evitar la especulación. Los socialistas apuntan a regular los realojos transitorios en situaciones de emergencia. Una emergencia habitacional que Podemos quiere declarar de inmediato para decretar la suspensión temporal de todos los desahucios al tiempo que propone crear un Observatorio que haga un seguimiento permanente de la situación y una Comisión Parlamentaria que estudie la vulneración de los derechos humanos en esta materia reconociendo a los culpables de ello y buscando soluciones.

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