"Las comunidades del PP tienen el discurso del partido en financiación". A la proclama del portavoz económico, Cristóbal Montoro, después de reunirse dos veces en una semana con los responsables autonómicos para ordenar un cierre de filas, le toca ahora pasar la prueba del algodón. El PP ha puesto en marcha su maquinaria interna -con el vicesecretario territorial, Javier Arenas, de maestro de ceremonias- para evitar fugas.
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero consiguió descolocar a la oposición, gobierno en seis de las 15 comunidades afectadas por el futuro modelo, tras recibir en La Moncloa a Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid, o el valenciano Francisco Camps.
La primera bendijo sin parpadear la propuesta del Gobierno y los suyos salieron diciendo que la habían "engañado". El segundo fue más prudente pero no ocultó cierta sintonía. ¿El motivo? Estas dos comunidades junto a Baleares, Murcia o Cataluña han asumido buena parte de los 6 millones de nuevos habitantes, la mayoría inmigrantes, con los que cuenta España desde 1999.
Éste es el factor que más ha distorsionado el sistema vigente y por eso el Gobierno está dispuesto a compensarlas más que al resto. Para ellas serán muchos miles de euros del fondo extraordinario que el Estado dice que va a poner sobre la mesa. De ahí el reto: ¿podrá la dirección del PP, con Mariano Rajoy al frente, convencerlas de que rechacen estos recursos? Ayer se superó la prueba y nadie se saltó el guión. Aunque hubo matices. Frente al contundente rechazo de Rajoy, Arenas o Castilla y León, asombró el silencio de Madrid o la suavidad de Valencia.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró que hará todo lo posible para evitar que el presidente del Gobierno "siga tirando de la chequera" en financiación ya que, en su opinión, "es un error" que el Estado acuda al endeudamiento. Acusó a Zapatero de gastar dinero a "espuertas" y "endeudarse", lo que llevará a que los españoles paguen más impuestos en el futuro.
La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, dijo que la oferta de Solbes "suena a sardana". El secretario autonómico de Economía de Valencia, José Manuel Vela, observó que el modelo recoge las "legítimas aspiraciones" de la Generalitat valenciana aunque es "una sinfonía acabada". Desde Madrid sólo hubo un sonoro silencio.
Y si la propuesta de Solbes no contentó al PP, tampoco gustó a los nacionalistas catalanes. CIU la tachó de "un paso atrás" en la aplicación del Estatut . ERC la consideró "inaceptable", "llena de minas y tramposa" y la acusó de "dinamitar el Estatut". Madrid decide sobre el dinero "robado a los Países Catalanes", apostilló el presidente de Esquerra, Joan Puigcercós.
