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El Supremo rechaza la demanda contra altos cargos de Bush

El Tribunal Supremo de EEUU dictaminó ayer que no se puede juzgar a dos ex altos funcionarios del Gobierno del ex presidente George W. Bush por discriminación por el arresto y detención de cientos de personas consideradas sospechosas tras los ataques terroristas de 2001.

el 16 sep 2009 / 02:56 h.

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El Tribunal Supremo de EEUU dictaminó ayer que no se puede juzgar a dos ex altos funcionarios del Gobierno del ex presidente George W. Bush por discriminación por el arresto y detención de cientos de personas consideradas sospechosas tras los ataques terroristas de 2001.

El veredicto, sin embargo, no establece la inmunidad del ex director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Robert Mueller, el ex secretario de Justicia, John Ashcfrot, y otros ex funcionarios de menor jerarquía acusados de discriminación étnica y racial.

El expediente lleva el nombre de Javald Iqbal, un paquistaní musulmán que, junto con decenas de personas fue detenido en redadas en Nueva York después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Los individuos permanecieron detenidos por días, y muchos de ellos -incluido Iqbal- fueron deportados a sus países de origen.

Los afectados denunciaron que mientras permanecieron en la cárcel de la ciudad de Nueva York fueron sujetos a torturas y humillaciones por su credo religioso, y demandaron indemnizaciones haciendo responsable a Ashcroft, Muller y otros por los maltratos sufridos.

En una decisión que apoyaron cinco y rechazaron cuatro de los miembros del Tribunal Supremo, la corte decidió que la demanda no citaba suficientes hechos concretos que sustenten la denuncia de intención discriminatoria por parte de los funcionarios demandados. La decisión no protege a Ashcroft, Mueller y los demás demandados contra otras querellas, y se refiere solamente a los requisitos que debieron cumplirse en la demanda inicial para demostrar que quienes fueron aprehendidos y, supuestamente, maltratados en la cárcel de Manhattan tuvieron esa suerte como resultado de prejuicio racial, religioso o por su origen nacional.

De hecho, el Tribunal Supremo dejó en manos del Tribunal del Segundo Distrito la decisión de si se permitirá que quienes presentaron la demanda enmienden su caso para fortalecerlo.

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