ETA controla el proceso iniciado por Sortu para mantenerse en las instituciones democráticas. Es una de las principales conclusiones de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que prohibió la inscripción de la nueva marca abertzale en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior.
La resolución, adelantada ayer por El Mundo y que el alto tribunal dará a conocer hoy, asegura que "ETA ha gestado, alentado y tutelado la estrategia de Batasuna de crear un nuevo partido -Sortu- así como su puesta en escena, incluido el rechazo formal de la violencia".
Según señala el Supremo, "nada impide" que personas que formaron parte de partidos ilegalizados puedan formar un nuevo partido. El problema es que, en el caso de Sortu, "no se ha producido una ruptura radical e irreversible de ETA ni, sobre todo, auténtica".
La Sala del 61 utiliza cuatro documentos de ETA y tres de la ilegalizada Batasuna para no autorizar la inscripción de la formación abertzale. De los cuatro textos de ETA que permiten al Supremo afirmar que Sortu es un intento de defraudar la ilegaliza- ción de Batasuna, el documento clave es el titulado Proceso democrático.
A juicio del alto tribunal, lo dicho en este documento "presenta muchas claves de lo que acontece en los meses siguientes", y anticipa algunos de los movimientos que posteriormente realiza la Izquierda Aberzale, entendida como Batasuna, como es la alianza con Eusko Alkartasuna (EA) en junio de 2010 "y que parece intensificarse en estos momentos", según apunta la Sala.
Otros movimientos anunciados serían la obtención de apoyos internacionales al "proceso democrático" (declaración de Bruselas) y la puesta en marcha de un escenario de legalización de Batasuna "como mínimo democrático, como paso previo a la negociación que se reserva la banda terrorista con el Estado". Todo ello acompañado, apunta, de comunicados en los que la propia ETA va mostrando su satisfacción según los distintos pasos que se van dando.
La resolución, que se hará pública hoy a las 13.00 horas, contará finalmente con un único voto particular que suscribirán previsiblemente los siete magistrados que mostraron su discrepancia con el criterio de la mayoría. Siete de los 16 magistrados que componen la Sala del 61 se habían posicionado en contra de prohibir la inscripción de Sortu, si bien tan sólo tres de ellos anunciaron la presentación de voto discrepante (Manuel Alarcón, Rafael Gimeno-Bayón y José Luis Calvo).
Sobre la sentencia, el magistrado de la Sala Segunda del TS Joaquín Giménez, que no participó en las deliberaciones, manifestó que los estatutos de Sortu son "inatacables", pero puntualizó que el debate radica en "la credibilidad" de quienes "sostienen" a la formación porque, posteriormente, "pueden quitarse la careta" y ser una "mera pantalla" de la Batasuna ilegalizada.
Una pantalla que podría incorporarse en partidos legales, como Eusko Alkartasuna (EA). Por ello, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, advirtió de que Batasuna está intentando infiltrar a sus representantes en candidaturas de partidos legales.
Ante esta posibilidad, aseguró que ilegalizarán las listas de cualquier formación política que, a pesar de ser legal en la actualidad, acoja en sus listas a miembros de colectivos ilegales. Según Conde Pumpido, tras la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba ilegal la formación Sortu, "estamos [por el Ministerio Público] trabajando en poner todas las trabas posibles al plan b y al plan c de Batasuna".
Pumpido también hizo referencia a las actas de ETA y afirmó que "todo lo que diga es basura y no tiene ninguna credibilidad". El fiscal general del Estado instó a los fiscales a "no basar sus afirmaciones en lo que puedan decir unos bandoleros, terroristas y pistoleros".
