El Tribunal Constitucional admitió a trámite el 12 de febrero el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 50 congresistas del PP en el Congreso contra la Ley de Farmacia de Andalucía, aprobada el 4 de diciembre. Entre los cinco artículos recurridos está el que concede a Salud la competencia de regular la venta de oficinas.
La norma, que entró en vigor el 28 de diciembre de 2007, contó en sobre todo en este punto con el rechazo tanto de la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa) como del Consejo Andaluz del Colegio de Farmacéuticos. La primera de las entidades amenazó, ya antes de aprobarse la norma, con que impulsaría un recurso ante el Tribunal Constitucional, mientras que el consejo de farmacéuticos, si bien no llegó tan lejos, sí advirtió de que lucharía por corregir ese punto en el reglamento posterior de la ley que, en cualquier caso, fue aprobada sólo con el apoyo del PSOE. PP y PA votaron en su contra mientras que IU se abstuvo.
La norma andaluza concede a la Junta -artículos 41.1 c) y 47.1 y 3- un papel decisivo en la concesión de nuevas oficinas, y Salud prevé reordenar el mapa farmacéutico de la comunidad con la creación de 500 nuevos establecimientos en las ocho provincias andaluzas en un plazo de cinco años. En la comunidad existen actualmente 3.500 farmacias.
Salud llevará a cabo esta actuación a través de un concurso público -en el que baremará los méritos de los aspirantes- similar a los que ya quisieron impulsar las leyes de farmacia del País Vasco y Castilla-La Mancha, cuyas normas ya fueron tumbadas por el Constitucional.
Según defiende la consejería que dirige María Jesús Montero, este sistema impide que un farmacéutico que quiera vender su oficina especule con ella, puesto que el precio de venta y el comprador lo elige la administración pública.
Sin embargo, el recurso del PP admitido a trámite argumenta que la actuación de la Junta en este terreno va en contra de la libertad de empresa y que las competencias en la regulación de oficinas de farmacias no son autonómicas sino estatales.
La Junta deberá afrontar esta traba después de que haber sido además la última comunidad española en aprobar su propia ley autonómica sobre farmacia, después de un largo recorrido de iniciativas que la Consejería de Salud lleva impulsando desde hace diez años y que ha pasado ya por tres consejeros, José Luis García Arboleya, Francisco Vallejo y la actual María Jesús Montero.
