Mercasevilla ha entregado una documentación a la magistrada que instruye la recusación de la juez Mercedes Alaya en la que acredita que el marido de ésta no auditó las cuentas que están siendo objeto de investigación. Esto desmonta el argumento de las defensas, al que se adhirió la Fiscalía de Sevilla, de que si la investigación que dirige Alaya se amplía a todo el año 2002 ésta podría tener información extraprocesal por parte de su marido, ya que estos documentos confirman que su trabajo en la empresa pública terminó en diciembre de 2001.
En un auto reciente, la magistrada Auxiliadora Echevarría solicitó a Mercasevilla un informe en el que se aclarara hasta qué fecha estuvo encargada la empresa KPMG, en la que trabaja el marido de Alaya, de realizar las auditorías del mercado central. En ese mismo auto, la instructora de la recusación descartaba todos los argumentos expuestos por las defensas, pero aún así solicitó este escrito a Mercasevilla para comprobar si en el año 2002 Jorge Castro trabajó o no para la empresa.
El documento fue entregado por la empresa el pasado viernes en la Audiencia Provincial y ayer fue notificado a las partes. En el mismo, se recoge que la empresa KPMG Auditores S.L. realizó los informes económicos desde 1998 hasta 2001. Dicha auditoría no fue presentada a la empresa hasta junio de 2002, una vez que fue finalizada, pero ello no implica que auditara las cuentas de ese año.
Anteriormente, entre los años 1987 y 1997, esta empresa se encargó de las cuentas, aunque bajo el nombre KPMG Peat Marwick y Cía Auditora S.R.C. Entre 1985 y 1986 la auditoría sería Pear, Marwick, Mitchell & Company; mientras que de 1984 "no consta auditoría externa".
La investigación abierta por Mercedes Alaya, la titular del Juzgado de Instrucción número 6, por delito societario ante las presuntas irregularidades en las cuentas de la entidad -causa en la que están imputados el ex director general de la entidad Fernando Mellet, su adjunto Daniel Ponce y la ex directora económica Pilar Giraldo- parte desde septiembre de 2002 en adelante, ya que es el momento en el que Mellet llega a la empresa. La defensa de Giraldo fue la que presentó la recusación alegando que ella había trabajado con el marido de la magistrada y que, por tanto, ésta podía obtener información sobre su forma de trabajo a través de su esposo. Además, cuestionaba el interés de Alaya en seguir en el caso, pese a la vinculación de su marido con Mercasevilla, e insistía en que si la investigación se ampliaba a todo 2002, o incluso a años anteriores para comparar, ya sí coincidiría con la época en la que su cónyuge auditaba las cuentas. La Fiscalía se adhirió a la recusación, aceptando este único argumento y rechazando el resto.
Tras recibir todos los informes, Alaya realizó el suyo, en el que rechazaba cualquier motivo de recusación, insistiendo en que su marido sólo estuvo vinculado a la empresa hasta el 31 de diciembre de 2001. La instructora del incidente de recusación sólo aceptó investigar la fecha en la que Castro trabajó para Mercasevilla, rechazando incluso tomarle declaración, como habían pedido las defensas, ya que la propia juez reconoció y confirmó que su marido trabajó como auditor. Con toda esta documentación, será otro magistrado el que tenga que resolver al respecto, mientras la causa por delito societario sigue parada a la espera de la resolución, no así las otras dos ramas abiertas (supuestas comisiones ilegales y las presuntas irregularidades en la venta del suelo), a las que no les afecta.
La lista del ERE. Por otro lado, el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, aseguró ayer que están investigando "caso a caso" el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2003 de Mercasevilla y garantiza que "si hubiera cualquier otra irregularidad se daría traslado inmediato a los tribunales", después de que la semana pasada se descubriera que se había incluido a María del Carmen Fontela González como trabajadora, cuando no pertenece a la plantilla. Éste era la segunda prejubilación irregular que se ha detectado en la empresa, ya que también se ha detectado otro nombre que no pertenece a la empresa en la lista del ERE de 2007. En concreto, se trata de Antonio Garrido Santoyo, un hombre vinculado al PSOE de Baeza, que dimitió tras conocerse el escándalo hasta que se aclarase.
Asimismo, en declaraciones a los periodistas antes de visitar la Residencia de la Fundación Gerón, Recio señaló que el ERE de 2007 para la Junta de Andalucía "no supone ningún compromiso de tipo financiero" puesto que "nunca dijimos que íbamos a incentivar el ERE de 2007".
Así en este ERE serán Mercasevilla y la aseguradora Vitalicio, "en el caso de que lo crean necesario", las que llevarán acciones judiciales, mientras que el ERE de 2003 "sí estuvo incentivado por la Junta y se han detectado posibles irregularidades que dimos traslado al juzgado".
