La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido una providencia en la que alerta al Ayuntamiento de Sevilla de la posible interposición de una multa de 300 a 1.202 euros por el retraso en la remisión a la sala del expediente administrativo solicitado a raíz del recurso promovido por ocho asociaciones de vecinos del centro histórico de la ciudad contra la ordenanza que regula la circulación de peatones y ciclistas por las restricciones a la circulación en el casco histórico y la regulación que se hace del uso de la bici.
En la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el TSJA subraya que, habiendo transcurrido el plazo de remisión del expediente señalado en la Ley de Jurisdicción aplicable, "sin que conste haberse recibido en esta sala", la Sala reitera la reclamación y concede diez días para remitir la documentación.
"En caso contrario deberán ponerse en conocimiento de esta sala las causas y motivos por los que no se remite, informando a su vez de la autoridad o funcionario responsable del retraso, al que se podrá imponer una multa de 300 a 1.202 euros", indica la providencia.
El texto de la Sección Tercera, asimismo, señala que el caso podría incluso llegar al Juzgado de Guardia, "por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito de desobediencia a la autoridad judicial".
La providencia confirma a la asamblea ciclista de Sevilla A Contramano como parte personada en el caso, entendiéndose las sucesivas diligencias al respecto. Sobre la resolución del TSJA, el abogado y presidente de la asociación de vecinos Torre del Oro del Arenal, Antonio Fernández -que representa como letrado en el asunto a su propio colectivo y a las asociaciones vecinales de Pumarejo-San Luis, Casco Histórico-San Lorenzo, Alfalfa, Puerta Osario, Santa Cruz, Museo-Entorno y Plaza de Armas-, indicó que los residentes critican el hecho de que "el Ayuntamiento trate de marear la perdiz". "Como siempre, de lo que se trata es de aburrir a los ciudadanos y de convertir un Estado de Derecho en un estado de sentencia", subrayó el portavoz de la entidad vecinal.
Este proceso contra la ordenanza de peatones y ciclistas es independiente del promovido por empresas de aparcamientos del casco histórico que ya ha obtenido una resolución favorable del TSJA. Esta sentencia, que ha sido recurrida al Tribunal Supremo, declara nulos los artículos que permiten el tránsito de bicicletas por zonas de uso compartido con peatones, así como que se permita amarrar las bicis a elementos del mobiliario urbano.
