El Ayuntamiento de Estepona tendrá que readmitir a los dos altos cargos que fueron cesados por el alcalde, David Valadez (PSOE), argumentando que eran personal de confianza de su antecesor, el también socialista Antonio Barrientos, que está en libertad bajo fianza por su imputación en el caso Astapa.
Así lo ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que establece también que el Consistorio tendrá que abonarles los salarios atrasados. Se trata del secretario general del PSOE de San Pedro Alcántara, Rafael García, y de Mariano Crespo, cuyos salarios ascienden a 4.885 y 5.592 euros brutos al mes, respectivamente. Ambos fueron despedidos el 21 de agosto de 2008, ante lo que argumentaron que no eran cargos de confianza.
Los trabajadores recurrieron su despido aunque en enero de 2009 el juzgado de lo social número 8 de Málaga desestimó la demanda, ante la que cabía recurso ante el TSJA, donde García y Crespo han ganado. Por lo tanto, al Ayuntamiento de Estepona, que arrastra una deuda heredada de la anterior corporación municipal de más de 164 millones de euros, sólo le quedaría una última posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo.
Mientras tanto, García y Crespo se incorporaron ayer por la mañana a sus respectivos puestos de trabajo como subdirector de la televisión municipal y subdirector ejecutivo económico financiero de la empresa Promoción y Comunicación, respectivamente.
Números rojos. En su momento, el actual alcalde notificó el cese de unos 25 cargos de confianza nombrados por el anterior regidor con la idea de recortar gastos y aliviar en lo posible la deuda municipal. Ahora, y tras la decisión del TSJA, el Ayuntamiento de Estepona tendrá que hacer frente a un gasto añadido a pesar de que las situación de las arcas municipales es más que crítica.
Hace algo más de un año que se destapó el caso Astapa, donde soy ya 63 los imputados y que puso patas arribas el municipio, donde también el clima político sigue enrarecido ya que algunos ediles de la actual corporación están también imputados en el caso de corrupción. Ocho de los ediles imputados, con la colaboración de los del PP, aprobaron en junio retirar las competencias al gobierno y concentrar el poder de decisión en el pleno.
La propuesta salió adelante por 14 votos de los 25 integrantes de la corporación municipal, entre ellos tres del Partido de Estepona (PES) -de los que dos están en libertad bajo fianza de 150.000 euros por su implicación en la presunta trama de corrupción urbanística- y seis ediles no adscritos e imputados en la misma causa, cinco de ellos expulsados del PSOE y uno procedente del PA. A estos ocho concejales implicados en el caso Astapa se sumaron los votos de los cinco con los que cuenta el PP en Estepona y el único del PES no imputado en la trama. En contra votaron los diez miembros del ejecutivo dirigido por Valadez, un gobierno en minoría formado por el PSOE, IU, PA y Estepona 2007 que perdió otro miembro tras la renuncia a su acta de concejal del socialista Antonio Sánchez.
El último varapalo para el Consistorio de Estepona llegaba a mediados del pasado mes de diciembre, cuando se conoció que el propio Valadez estaba imputado por presunta prevaricación y omisión del deber de perseguir el delito en el caso de la construcción de una vivienda en suelo rústico por parte del jefe de gabinete de Alcaldía. El regidor argumentó que esta imputación no le había sido notificada, por lo que denunció su "indefensión absoluta".
