"Desde un punto de vista administrativo, no sería adecuado revisar todas las actuaciones que se han llevado a cabo en la consejería durante no sé cuánto tiempo ni años". El consejero de Empleo, Manuel Recio, zanjó ayer la cuestión de si su departamento se está planteando reabrir e investigar los expedientes de regulación de empleo antigüos, los ya pagados, como parece estar haciendo la jueza que instruye el caso de los falsos ERE, Mercedes Alaya. La Junta acaba de concluir su investigación sobre el fraude en las ayudas directas a empresas en crisis con fondos públicos y ha destapado 183 irregularidades, incluidos 72 intrusos o falsos prejubilados que recibían dinero de empresas donde nunca habían trabajado.
La consejería ha remitido a los juzgados toda la documentación que la jueza ha pedido, pero no tiene intención de reabrir de oficio una nueva investigación sobre los llamados ERE muertos, expedientes de regulación de empleo que ya se terminaron de pagar. No obstante, Recio añadió ayer en Almería que la Junta intervendrá "ante cualquier indicio de irregularidad en ERE muertos o sobre cualquier otra actuación de la consejería". Los indicios de fraude en las prejubilaciones surgieron a raíz de la denuncia de unos empresarios sevillanos por un supuesto soborno de los directivos de la empresa Mercasevilla, en cuyo ERE la jueza encontró a los primeros falsos prejubilados de la trama.
Fuentes de Empleo aseguran que "a la consejería le resulta imposible, administrativamente, investigar ERE de oficio que ya han expirado, y menos recuperar el dinero. Eso sólo se puede hacer ya por vía judicial". Preguntada al respecto, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, recordó que el objetivo de la investigación que emprendió la Junta era "cortar el pago que se estaba produciendo y evitar seguir pagando si una prestación está mal cobrada".
La investigación interna de la consejería se limitó a rastrear las 68 empresas que todavía están recibiendo ayudas (los ERE vivos), donde trabajan 5.982 empleados. Empleo ha congelado las ayudas a los 72 intrusos y ahora les dará audiencia para que se expliquen y se les reclamará el dinero defraudado. La jueza Alaya, en cambio, sí ha extendido su investigación a los expedientes cerrados -unos 176 en total, según adelantó ayer El País-.
El coordinador regional de IU, Diego Valderas, recordó a Recio su "obligación" de investigar todos los ERE de los últimos diez años. "La sombra de la duda es amplia y es necesario buscar a cualquier corrupto que se haya aprovechado del dinero público", dijo. La portavoz del PP-A, Rosario Soto, puso en duda la documentación enviada a los juzgados a petición de la jueza (65.000 folios en formato digital) y aseguró que era "sesgada, parcial e incompleta". Recio insistió en su "transparencia" con la oposición, ofreciéndole la posibilidad de visitar la consejería y consultar la información de los ERE.
