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Empresarios alertan de que se perderán 300 empleos por el "monopolio" del aceite de los bares

Unos 10.000 establecimientos hosteleros serán obligados a dar su aceite usado gratis

el 24 jul 2014 / 10:30 h.

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TRAGABUCHES La decisión del Ayuntamiento de obligar a los hosteleros a entregar sus aceites usados a la empresa Biouniversal –de forma exclusiva y gratuita– conllevaría el cierre de unas 30 pequeñas y medianas empresas sevillanas y, con ello, una pérdida de entre 250 y 300 puestos de trabajo. Estos son los datos de la  Asociación de Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Comestibles, (Geregras), quien alertó ayer de los perjuicios de la medida municipal.  Geregras, que ya ha emprendido acciones legales contra el Consistorio, como publicó el pasado 18 de julio este periódico, también denunció la modificación «fuera de plazo y sin posibilidad de alegaciones» de la Ordenanza de Limpieza referida a la recogida de aceites, con la intención de frenar su aprobación en el Pleno de mañana, sumándose así a las quejas del PSOE. Las empresas que gestionan el aceite usado aseguran que ya han sufrido una pérdida de más de cien clientes como consecuencia de la «expropiación forzosa de este subproducto» por parte del ayuntamiento sevillano. Una pérdida continuada que, según Geregras,  supondría un «cierre paulatino de dichas pymes en beneficio de una sola, Biouniversal, a la que el Ayuntamiento adjudica la recogida los aceites usados en exclusiva y en contra del principio de libre competencia del mercado». La decisión municipal incluso la han denunciado ante la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. Por contra, el Ayuntamiento sigue manteniendo que el cambio en el modelo de gestión de los aceites usados de bares y restaurantes se debe a razones medioambientales y de salud pública, para «quitar de la circulación un aceite que ha sido usado y que no conviene que esté dentro de los circuitos, pudiendo introducirse en el consumo de alguna forma o que vaya a parar a una red en la que luego cueste mucho trabajo y dinero depurar el agua», indicó el alcalde, Juan Ignacio Zoido. Según Urbanismo,  los aceites usados de la hostelería son residuos cuya gestión es municipal, mientras que los empresarios del sector defienden que son un subproducto animal propiedad del empresario. La discusión legal ya está servida. Geregras entiende que las actuaciones del Ayuntamiento «lesionan los intereses legítimos tanto de las empresas autorizadas como de los empresarios hosteleros quienes pueden entregar el aceite usado a cualquier empresa debidamente autorizada por la Junta de Andalucía, tal y como pone de manifiesto la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados». Cerca de 10.000  establecimientos de restauración sevillanos «igualmente pierden la posibilidad de recibir una contraprestación económica por ello», apuntó la asociación en un comunicado. En Sevilla, según el sector, se generan 6.000 toneladas de aceites usados al año, lo que supone un negocio de 4,5 millones de euros. Unos 2,5 millones es lo que reciben los hosteleros y, el resto, lo que ganan las empresas gestoras. En cuanto a la modificación de la Ordenanza municipal de Limpieza, y concretamente el artículo 102, Geregras asegura que ha sido de forma irregular porque se cambia sin posibilidad de presentar alegaciones» y asumiendo una alegación fuera de plazo, tal y como ya denunciaron los socialistas. En el primer texto se recogía que «será responsabilidad del productor del residuo su gestión, debiendo acordar con Lipasam su entrega o bien a través de gestores de residuos debidamente inscritos», pero el PP prevé aprobar mañana un texto que dice: «Lipasam establecerá los sistemas más adecuados para realizar la recogida selectiva de los aceites vegetales usados en domicilios particulares, así como en comercios, servicios, establecimientos de hostelería, y otros lugares asimilables, ya que la producción de aceite vegetal usado en estos establecimientos tiene la consideración de residuos municipales, estando por tanto obligados a participar en el Sistema de Recogida determinado por Lipasam». Es decir, que el Gobierno local prevé oficializar esta obligatoriedad después de haber convocado y adjudicado el servicio a Biouniversal. Geregras entiende que se vulnera la normativa vigente y, por tanto, «puede ser constitutivo de delito».

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