Instalaciones de la planta de celulosa de Ence en la provincia de Huelva. / Julián Pérez (EFE)
La empresa Ence anunció este jueves el cese de la actividad de celulosa en la provincia de Huelva, que la compañía mantenía abierta desde el año 1964, alegando motivos de viabilidad económica ante unas pérdidas de 48,6 millones de euros en el primer semestre de este año. Asimismo, informó de su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo para la totalidad de su plantilla, integrada por 294 personas, para las que, no obstante, compromete un plan de recolocación en otros centros del grupo y actividades de la compañía, aseguró ayer en un comunicado.
La noticia cayó sobre los trabajadores como un jarro de agua fría, por inesperada, después de que hace apenas un mes firmaran el acuerdo marco del convenio colectivo del grupo y de que «no se haya cumplido ni siquiera un año» desde la rúbrica de un plan de viabilidad para garantizar el futuro de las instalaciones, con inversiones y medidas de reestructuración que todavía no se han ejecutado, lamentaron fuentes sindicales.
Desde el comité, que tendrá su primer encuentro con la dirección el próximo día 19 tras los preceptivos quince días del periodo de consultas, ponen en duda el compromiso de recolocación para todos los compañeros, que además tendrían que trasladarse a Mérida, Pontevedra o Navia (Asturias), apuntaron las fuentes. En esa reunión, en la que expresarán su rechazo a la medida, pedirán también a la empresa que justifique en qué basa la decisión, que además «tendrá un impacto laboral mayor» en el conjunto de la provincia de Huelva, ya que de la celulosa dependen unos 2.500 trabajos indirectos, entre proveedores y suministradores de servicios, indicaron. «Ence representa el 3 por ciento del PIB de Huelva», apostillaron desde el comité, que ya ha iniciado los contactos con las diversas administraciones públicas para recabar su apoyo.
Por su parte, Ence achacó la decisión a las «importantes pérdidas» que arrastra «durante tres trimestres consecutivos» como consecuencia de la «ineficiencia de costes y falta de madera local» de la planta que, según la empresa, hasta el año pasado se veía paliada por las primas a la cogeneración que recibía y que desde la aplicación de la nueva reforma energética del Gobierno se han reducido «de forma importante». Y es que, remarcó, el cese se llevará a cabo para «garantizar la viabilidad de la empresa a nivel global ante el insostenible aumento de los costes de fabricación y la pérdida de competitividad de la fábrica en un mercado mundial altamente competitivo». Una de estas razones, justifica, se encuentra en la escasez estructural de madera de eucalipto en la zona de Huelva, lo que obliga a traer la materia prima de la zona norte de España y a importarla de otros países, lo que conlleva «altos sobrecostes», agregó.
Con el fin de la celulosa, la compañía informó de que su apuesta pasará por especializar su complejo industrial de Huelva en la generación de energía limpia, transformándolo en un «avanzado centro» que seguirá siendo un «importante motor de aprovechamiento forestal de Andalucía», señaló en la nota. El parque integrará así las plantas de generación con biomasa actualmente en operación, cuya capacidad de producción es de 72 MW y que genera anualmente unos 500 millones de kilovatios hora. Además, añade, «consolidará a Huelva como la provincia líder de Andalucía y una de las primeras de España en generación con biomasa».
No obstante, desde la plantilla se preguntaron cómo es posible que la apuesta empresarial sea por la cogeneración cuando precisamente la reforma del Gobierno ha supuesto un importante recorte en las primas a las energías verdes, aplicadas con carácter retroactivo.
Ence, primer productor europeo de celulosa, comunicó ayer su decisión al comité de empresa, al que indicó que ofrecerá «a quien lo solicite» un plan de recolocación externo más una indemnización que no concretó, de lo que se encargará una «empresa especializada líder». A pesar de ello, Ence mostró su disposición a negociar de forma «exhaustiva y de buena fe» con los sindicatos para que el impacto sobre la plantilla sea «mínimo».
