El llamado portal de la transparencia que el Gobierno aloja desde hoy en el sitio transparencia.gob.es empezará a funcionar con 530.000 registros accesibles de información, de los que más de 30.000 son informaciones nuevas que diversos funcionarios han incorporado en las últimas semanas.
Con la entrada en vigor desde hoy de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Administración General del Estado no sólo está obligada a publicar de forma activa toda la información que le afecta, sino que tendrá que contestar en un plazo máximo de 30 días las solicitudes de los ciudadanos, por lo que espera que a partir de hoy mismo se produzca una masiva llegada de peticiones, como ocurrió en otros países durante los primeros meses desde la entrada en vigor de normativas homólogas.
El Portal de la Transparencia, con más de 50 gigabytes de almacenamiento, ha costado por servicios externalizados 300.000 euros, ya que se ha hecho casi exclusivamente con medios y personal de la administración.
La información sobre normativa incluye la que el Gobierno está tramitando o ha sido tramitada, la normativa en vigor y aquellas normas de rango inferior que pueden tener interés a efectos de la interpretación del derecho.
Esto supone que, por primer vez, el Ejecutivo hará públicos los anteproyectos de ley en el momento en que los aprueba el Consejo de Ministros, así como las memorias de impacto económico y presupuestario de una norma. En cuanto a la información económica, incluye contratos, convenios y encomiendas, subvenciones, cuentas e informes fiscales y de auditoría de los ministerios, inventario de bienes inmuebles e información estadística. El portal permite además conocer información económica sobre altos cargos: retribuciones, indemnizaciones y autorizaciones de actividades privadas.
CONSEJO DE CONTROL.
El órgano encargado de velar por la transparencia, el buen gobierno, y el acceso a la información pública, tendrá rostro de mujer. Esther Arizmendi, quien fuera hasta el pasado mes de octubre directora general de Modernización Administrativa pasará a ocupar la presidencia del llamado Consejo de Transparencia.Su perfil ha sido escogido por tratarse de una profunda conocedora de la función pública, licenciada en derecho y técnico superior de la administración civil.
