No habrá devolución de fianza por los parking para residencia si el Ayuntamiento de Sevilla no compensa antes a la empresa concesionaria por hacerle construir en suelos "no públicos". La sociedad Equipark mantiene que es "consciente" de que debe devolver los 1.000 euros de señal que cada vecino puso para construir los aparcamientos, tras los retrasos en su construcción, pero lo hará cuando el Ayuntamiento, a su vez, reintegre a la empresa el dinero invertido para construir aparcamientos en suelos que finalmente no eran válidos, al no ser de titularidad pública.
Este argumento, que se suma a la situación en la que la empresa ha quedado con motivo de la crisis económica, ha sido comunicado por un representante oficial de la empresa al colectivo de afectados por el Plan Director de Aparcamientos, según ha asegurado a Europa Press el portavoz del colectivo, Ángel Naranjo. El representante vecinal, no obstante, ha recordado que el comienzo de obras en el aparcamiento de la Plaza Rafael Salgado, en Bami -el de los Jardines del Valle aún no ha sido retomado, a la espera de un informe arqueológico-, debería empezar a generar ingresos por medio de los usuarios que comenzaran a formalizar su plaza y, por ende, proporcionar más dinero, lo que podría servir a la sociedad para iniciar la devolución de las reservas a los vecinos que así lo requieran.
Esa respuesta se produce después de que la Delegación de Movilidad admitiera hace unos días que ni puede instar a la empresa Equipark, concesionaria de los parkings, a reembolsar los avales, ni el Consistorio puede hacerlo de forma subsidiaria. En el informe, se pone de manifiesto que la devolución de las fianzas "no es una obligación impuesta" ni en la normativa contractual ni en los pliegos administrativos aprobados, por lo que sería una cuestión civil entre empresa y particular, "y ahí ha de dilucidarse".
En el trasfondo, está la imposibilidad de cumplir con una promesa que el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, hizo en plena campaña electoral."Por encima de mi cadáver a usted se le devuelve el dinero. Le doy mi palabra de honor", señaló en un encuentro con los vecinos. Una vez conocido el informe, Zoido se lamentó de la decisión de su delegación, calificando de "insatisfactoria" la respuesta emitida por Movilidad y pidió nuevos informes "para buscar la solución legal al problema de los vecinos". Zoido se defendió de los ataques y reiteró su promesa, aunque sin olvidar de que el problema fue "heredado" por el anterior gobierno que en 2004 anunció que tres años después estaría en servicio la red de 13 aparcamientos.
El Gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín proyectó esta red, que supondría la creación de 4.100 plazas. A partir de ahí, los vecinos que querían adquirir una plaza entregaron una fianza de 1.000 euros a modo de reserva. Es a partir de ahí cuando surgen los primeros contratiempos. La empresa concesionaria empezó a sufrir problemas económicos -que bloquearon el inicio de las obras de algunos parking-, al tiempo que la propia administración cometió algunos fallos, como proyectar varios aparcamientos en suelos privados.
El acuerdo entre Movilidad y Equipark era el último intento del anterior gobierno para solventar el asunto. En el documento, se comprometieron a hacer frente a las devoluciones de la cantidad en los aparcamientos cuya construcción no se vaya a realizar, y también a los ciudadanos que, conforme a los precontratos suscritos en su día, "tengan derecho a ello" en los aparcamientos que se vayan a construir, en un plazo máximo de 45 días desde el día que se firmó, lo que Naranjo atribuye a la confianza en el pronto inicio de obras en los dos primeros aparcamientos en el momento de la rúbrica de este acuerdo -los de Bami y El Valle-.
