El problema de Europa, dijo una vez Henry Kissinger, es que cuando uno la necesita para algo importante, no se sabe a quién llamar. «¿Qué número de teléfono hay que marcar para hablar con Europa?», preguntó en aquella ocasión el secretario de Estado norteamericano cuando uno de sus asesores le sugirió que habría que avisar al Viejo Continente de una operación militar que Estados Unidos estaba a punto de acometer. Detrás de la mofa de Kissinger está la compleja cacofonía de la Unión Europea, un ente abstracto comandado por una multicefalia de instituciones, que despistan tanto al ciudadano de a pie como al que fuera líder de la diplomacia estadounidense en la década de los setenta.
La pregunta vuelve a estar hoy de actualidad, porque a partir de las doce de esta noche será Europa quien llame a las puertas de los andaluces pidiendo su voto. Pero, ¿a quién hará fuerte el voto de un vecino de Lebrija o de Cádiz? ¿Quién manda en Europa? ¿El Parlamento? ¿El Consejo Europeo? ¿La Comisión? ¿El Eurogrupo? La UE es una superpotencia (500 millones de habitantes) formada por 28 Estados miembros, cuyos intereses a menudo chocan entre sí. Bruselas (sede de la Comisión Europea) o Estrasburgo (sede del Parlamento) se utilizan en la prensa de este país para simplificar un responsable único de la UE, que en realidad no existe.
¿Por qué debe votar un sevillano el 25 de mayo a alguien que trabaja y vive a 2.000 kilómetros de su casa? Para empezar, porque el 70% de las políticas que se ejecutan en Andalucía, las que influyen y afectan en su vida (empleo, agricultura, libertades civiles, inmigración, medio ambiente, desarrollo regional, energía, educación o investigación científica) no las decide el Gobierno central ni el Parlamento autonómico, sino Bruselas y Estrasburgo. Para ponerlas en marcha aquí, necesitan cuantiosas sumas de dinero que proceden de allí. Desde la entrada de España en la UE (1986), Andalucía ha recibido 54.000 millones de euros, y su nivel de riqueza ha dado saltos de gigante. En los últimos 26 años, la región ha experimentado un crecimiento real acumulado del 111,6%, muy superior al conjunto de la media europea (67,2%) y 12,6 puntos por encima del incremento medio de España (99%).
La mayor parte de nuestras políticas regionales son, en realidad, transposiciones europeas que luego los gobiernos nacionales desarrollan a través de leyes o decretos, y más tarde las comunidades las integran en su legislación autonómica. El cómo le llega esta información al ciudadano es complicado, porque una vez fuera de las instituciones europeas, los Estados miembros se hacen cargo de trasladar las decisiones de la UE, y a veces priman más sus intereses nacionales que una cierta lectura europea. «Si es una medida impopular, el Gobierno de España y el andaluz le echan el muerto a Europa, si se trata de una medida estrella, se pelean por apuntarse el tanto», dice el responsable de prensa del Parlamento europeo en Barcelona, Ferrán Tarradellas.
Participación. 6.521.903 electores andaluces (el 17,84% de los 36,5 millones de electores españoles) están llamados a las urnas en 17 días: 6,2 millones de ellos residen en España, 200.715 en el extranjero y otros 63.504 son ciudadanos de otros países de la UE que viven y votarán en este país. En Andalucía, la participación en las últimas europeas quedó por debajo de la media: 41,7% frente a 44,9% en 2009 y 41,3% frente a 45,9% en 2004. Fue una de las regiones de la UE con más abstención.
¿Qué elegimos? Estos comicios permitirán a los ciudadanos elegir a los 751 diputados que forman el Parlamento europeo, y que representarán sus intereses los próximos cinco años, con poder real sobre 70 u 80 ámbitos cruciales de la política, como la agricultura o las libertades civiles (antes de 2009 sólo tenía un papel consultivo). Los eurodiputados que le corresponden a España son 54, teniendo en cuenta que el reparto de escaños está fijado en los Tratados de la UE sobre la base del principio de «proporcionalidad depresiva», es decir, los países con más población tienen más escaños que los menos poblados, pero estos últimos tienen más escaños de los que tendrían aplicando una proporcionalidad estricta.
El Parlamento es la única institución de la UE que se elige por sufragio directo y su opinión sobre casi todas las leyes dentro del territorio europeo tiene el mismo peso que la de España, Alemania o Francia. En esta Cámara se decidirá la futura legislación de la UE, incluido el mercado único y las libertades civiles.
La novedad fundamental. La gran novedad de estos comicios, introducida por el Tratado de Lisboa en diciembre de 2009, es que por primera vez los resultados de la elección al Parlamento determinarán quién será el líder de la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la UE. El Consejo Europeo, formado por los 28 jefes de Estado de los países miembros, debe «tener en cuenta» el resultado de estas elecciones a la hora de nombrar, el próximo otoño, al sucesor de José Manuel Durão Barroso al frente de la Comisión.
El Tratado de Lisboa no especifica que el presidente tiene que ser la misma persona que encabeza la lista del partido que obtenga más votos (Schulz, por los socialistas; Juncker, por los populares...), pero sí tendría que ser del mismo grupo. La Eurocámara tendría luego que ratificar al candidato a presidente de la Comisión junto con su colegio de comisarios, y su decisión es vinculante. Por tanto, cuando los votantes elijan a los eurodiputados el próximo 25 de mayo, indirectamente están eligiendo a quien presidirá el futuro Gobierno de la UE.
Los partidos. Ahora, el Parlamento cuenta con siete grupos, que abarcan todo el espectro político europeo y representan a más de 160 partidos nacionales. La complejidad de esta Cámara es que los eurodiputados de cada país se integran en grupos transnacionales, compuestos por miembros de países distintos, pero con convicciones políticas similares. Por ejemplo, los diputados del PSOE se integran con el Partido Socialista Europeo, los del PP, con el Partido Popular Europeo, y los de IU, con el grupo de Izquierda Unitaria. Cabría estudiar, con calma, el grado de afinidad o de homologación entre el socialismo español y el alemán o el francés, o entre el conservadurismo de Rajoy y el de Juncker. En la historia del Parlamento europeo, nunca un solo grupo ha ostentado una mayoría absoluta, de modo que para aprobar la legislación y el presupuesto de la UE, los partidos están obligados a formar mayorías a través de la negociación y el acuerdo.
El reglamento del Parlamento dice que los miembros de un mismo grupo deben compartir una cierta «afinidad política», y deben incluir un mínimo de 25 miembros de al menos la cuarta parte de Estados miembros. Los diputados que no desean o no pueden adscribirse a un grupo se denominan no inscritos. La disciplina de voto no es tan rígida, de modo que dos eurodiputados de un mismo grupo pueden votar distinto si creen que la medida va en contra de los intereses de su país o de su región.
Los candidatos. Casi todos los grupos actuales están afiliados a un partido paneuropeo, y cada uno presenta a su candidato a la presidencia de la Comisión europea. De los 13 partidos políticos que concurren a estas elecciones, cinco han nombrado a un candidato a la Presidencia de la Comisión. El PPE ha presentado a Jean-Claude Juncker, ex primer ministro de Luxemburgo y antiguo presidente del Eurogrupo. El candidato del Partido Socialista Europeo es Martin Schulz, actual presidente de la Eurocámara. Los Liberales y Demócratas han optado por Guy Verhofstadt, antiguo primer ministro belga y líder del grupo de los liberales en el Parlamento. Los Verdes han nombrado a dos eurodiputados: el francés José Bové y la alemana Ska Keller, mientras que la Izquierda Unitaria Europea ha presentado a Alexis Tsipras, líder del partido griego SYRIZA.
Su correspondencia en España sería la siguiente: Elena Valenciano encabeza la lista del PSOE, Miguel Arias Cañete, la del PP, y Willy Meyer, la de IU. Y en Andalucía, los líderes que harán campaña por estos partidos serán: la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz; el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo. Aquí las europeas abren un dilatado calendario electoral que durará tres años, y en el que los líderes andaluces se juegan el poder municipal (mayo de 2015) y el autonómico (2016). Todos saben que esta campaña es el ensayo para lo que viene después, y lo usarán como plataforma para darse a conocer (Moreno y Maíllo tienen un grado de popularidad inferior al 30%) y para romper la tendencia de tres derrotas consecutivas (PSOE).
Gestionar la crisis. Una de las cosas más importantes que se votará el 25 de mayo es la gestión que los partidos y las instituciones europeas han hecho de la crisis financiera que ha devastado Europa. Los últimos cinco años han estado marcados por una salvaje crisis económico y financiera, que se ha saldado con el mayor recorte de derechos sociales en todos los países miembros, altas tasas de paro y pobreza (más en las regiones del sur que del norte), gobiernos nacionales intervenidos por macroestructuras económicas que les han obligado a adoptar (dicen) políticas contrarias a su ideario y a los programas con los que llegaron al poder (España incluido). El debate en las europeas es un pulso entre distintas fórmulas para salir de esa crisis: a través de políticas de austeridad y consolidación fiscal o a través de la reactivación del gasto público.
Los andaluces. Casi la mitad de la población andaluza (49,1%) cree que la pertenencia a la UE ha beneficiado Andalucía, frente al 34,7% que sostiene más bien que ha perjudicado, según una encuesta del Centro de Estudios Andaluces difundida ayer. Para el 72,2% de los encuestados, las políticas europeas benefician en general a las comunidades más ricas frente a las más pobres y no contribuyen a disminuir las desigualdades entre territorios sólo el 21,1% piensa que sí.
El estudio de opinión, realizado el pasado abril a una muestra de más de 1.000 personas residentes en Andalucía de 16 años en adelante, arroja también que es mayoritaria la opinión de quienes creen que los intereses de Andalucía no son tenidos en cuenta por la UE (65,6%), que son los grupos empresariales y financieros los actores que más influyen por encima de los Estados miembros y la ciudadanía (64,5%) y que la UE hace políticas de derechas en una escala de 0 a 10, donde 0 es la izquierda y 10 la derecha, los entrevistados sitúan las políticas de la UE en una media de 7,90 puntos, por detrás del Gobierno central, que recibe una puntuación media de 8,38.
