FACUA Sevilla ha interpuesto este viernes un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de la capital contra la ampliación de la zona azul llevada a cabo por el Ayuntamiento de la ciudad.
La asociación advierte de que el consistorio se ha saltado la obligación legal de aprobar los cambios mediante una ordenanza fiscal y no a través de una simple resolución. Con ello, el Gobierno municipal ha obviado los elementos de participación y garantía de los ciudadanos, ha eliminado los trámites de audiencia pública establecidos por la ley y el debido dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla así como la aprobación de la norma por el Pleno municipal. Tampoco ha justificado suficientemente la necesidad de la medida adoptada.
El recurso judicial se ha emprendido tras transcurrir el mes de plazo que tenía la Delegación de Movilidad para dar respuesta al recurso de resposición que presentó la asociación, la cual no se ha producido. FACUA Sevilla considera que, en la Resolución número 471 de 30 de abril publicada en el Boletín Oficial de la Provincia en mayo de 2014 que viene a instaurar el sistema de estacionamiento regulado en superficie, el Gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) no ha motivado de forma suficiente la necesidad y conveniencia de utilizar esta fórmula de aparcamientos rotativos en lugares donde el estacionamiento suele ser prolongado.
FACUA considera que, con su decisión, el Ayuntamiento no mejora la mencionada rotación de la zona, sino que lo único que hace es aumentar la recaudación en las zonas afectadas, algo que solamente beneficia a la empresa concesionaria del servicio, Aussa. Esto queda reforzado con el hecho de que el Consistorio no haya estudiado alternativas a esta medida ni ofrezca mejoras en las opciones de transporte público para los sectores sociales de menos capacidad adquisitiva.
Ni alternativas ni refuerzo de transporte público La asociación recuerda que la ampliación de la zona azul afecta a áreas urbanas donde muchos sevillanos deben aparcar diariamente para acudir a centros de trabajo, de estudio, hospitalarios o de residencia, personas que se ven obligadas a utilizar el vehículo privado para actividades cotidianas.
En este sentido, FACUA Sevilla entiende que los bonos residenciales no deberían ser limitados a los propietarios de vehículos que se encuentren empadronados en alguna de las vías reguladas, sino que habría que determinar un radio de varios cientos de metros alrededor de estas zonas. De igual forma, deberían ser contempladas exenciones a usuarios que tengan su lugar de trabajo en las calles afectadas, estudiantes de centros educativos ubicados en las mismas o arrendatarios de viviendas que por la temporalidad no estén empadronados en ese domicilio. Igualmente deben ser contemplados los usuarios que tengan que acudir a los centros sanitarios.
Con el recurso presentado este viernes en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, FACUA reitera su disconformidad con la norma aprobada del Ayuntamiento. Además, recomienda a los usuarios que se vean obligados a pagar por estacionar en las nuevas calles afectadas por la zona azul que guarden los tiques para reclamar el dinero en caso de que los tribunales den la razón a la organización.
