Miles de matrimonios palestinos en los que uno de los cónyuges tiene ciudadanía israelí viven separados o dependen de precarios permisos militares a causa de una ley del Estado judío que impide su reunificación familiar por "motivos de seguridad". Se trata de la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel, aprobada de forma "temporal" en 2003, en plena oleada de atentados suicidas durante la Segunda Intifada, pero prorrogada desde entonces y objeto de un interminable debate en el Tribunal Supremo. El texto estipula que ningún habitante de los territorios palestinos ocupados de Gaza y Cisjordania puede optar a la reunificación familiar en Israel. Dado que el porcentaje de bodas entre árabes y judíos es ínfimo, la ley se ceba casi por completo con los matrimonios entre un palestino con ciudadanía israelí (un millón y medio de personas, un quinto de la población del país) y otro de Gaza o Cisjordania. La ley fue enmendada en 2005 para abrir la puerta a que los hombres mayores de 35 años y las mujeres de más de 25 obtengan permisos limitados de residencia y dos años más tarde se hizo extensiva a los ciudadanos de Irán, Irak, Siria y Líbano. A falta de cifras oficiales, Orna Cohen, abogada de Adalah, una de las ONG que batallan por la vía jurídica por la revocación de ley, calcula en torno a 20.000 las familias afectadas por la medida. "Algunas no pueden pasar del estatus de residencia temporal al de ciudadanía, mientras que otras se ven forzadas a vivir separadas o a escondidas, de forma ilegal, con las consecuencias que ello tiene para los hijos. Hay quien ha optado directamente por irse a vivir a territorio palestino o a Europa", explica.
