La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmstrom, y la titular de Justicia, Viviane Reding, recibieron en Bruselas a Besson y al secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche. Ésta ha sido la primera reunión formal entre el Elíseo y la CE para tratar el asunto de las expulsiones francesas de gitanos. Ambas comisarias recibieron un informe exhaustivo sobre las deportaciones, para ver si se ha violado algún artículo de la directiva europea de 2004 sobre libre circulación de los ciudadanos pertenecientes a la comunidad.
Tras la reunión del Consejo de Europa con los representantes franceses, que según todas las partes, fue "constructiva", Besson defendió la compatibilidad de las deportaciones con el derecho comunitario, la legislación francesa e, incluso, con "los valores de la República". El ministro galo afirmó que se ha seguido "escrupulosamente" la letra de la ley. Igualmente, declaró que ni en la directiva comunitaria sobre libre circulación de ciudadanos, ni en el Tratado de Lisboa existe ningún artículo que afirme que esa libertad equivalga "a la regularización de todos los ciudadanos comunitarios en situación irregular". "El logro europeo de la libertad de circulación es extraordinario pero no puede ser incondicional ni tampoco un pretexto para la realización de actividades ilícitas", afirmó.
Y es que la normativa europea prevé ciertas excepciones a la libertad de circulación como la amenaza reiterada para el orden público, ser una carga para la Seguridad Social o no tener recursos suficientes para mantenerse en el país de acogida.
Con respecto a las expulsiones en masa del pueblo gitano, Besson negó que se haya llevado a cabo "expulsiones colectivas" y explicó que detrás de cada deportación se encuentra una decisión judicial.
Por otro lado, el dirigente de inmigración calificó de "inaceptables" las "caricaturas" de la prensa sobre las expulsiones realizadas por su país y añadió que ningún miembro de su Ejecutivo ha pronunciado una expresión que estigmatice a los romaníes.
Por su parte, también el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos se reunió ayer con representantes de todos los grupos políticos de la Eurocámara para informarles de la polémica medida francesa.
Besson volverá a encontrarse con la comisaria Malmstrom en la reunión informal convocada por el Gobierno francés la próxima semana en París para tratar sobre la integración de los romaníes. A esta reunión también ha sido invitada España, Italia, Estados Unidos y Canadá.
La comisaria de Justicia del Consejo de Europa, Viviane Reding, recibió, además, ayer a una delegación de secretarios de Estado del Ejecutivo rumano que le han hecho llegar sus quejas por las deportaciones, y por el hecho que los rumanos expulsados no contaran con antecedentes penales. En este sentido, la Red Europea contra el Racismo (ENAR) alertó de que las "medidas discriminatorias" que, a su juicio, varios países de la Unión Europea llevan a cabo contra los gitanos, pueden crear el clima para que se produzcan agresiones. La ENAR pone de ejemplo el tiroteo en el que el lunes murieron ocho personas en Bratislava (Eslovaquia), donde un hombre acabó con la vida de seis miembros de una familia, que según la ENAR, pertenecían al pueblo romaní y de una mujer, antes de suicidarse. Esta red pidió al Gobierno eslovaco que considere el ataque como un "crimen de odio".
Primer golpe legal. Un tribunal francés anuló la expulsión de un grupo de siete gitanos, que fueron desalojados de un terreno que habían ocupado de forma ilegal en las afueras de la ciudad, según informó Le Monde. Esta decisión representa el primer revés legal para la política de Nicolas Sarkozy de desmantelamiento de campamentos gitanos y repatriación de inmigrantes de esa etnia a sus países de origen.
