Somos partidarios, no sólo de que las familias puedan proporcionar una sepultura digna a sus parientes, sino también, y muy especialmente, de que las víctimas sean rehabilitadas, que el nombre de las mismas luzca sin mancha alguna. Porque lo que procede frente al olvido no es un mero recuerdo, sino un relato general y sistemático de lo ocurrido, tarea esta que debe ser encomendada a los Historiadores, mejor que a una Ley reguladora de una llamada Memoria Histórica. Y esa tarea no tiene ningún obstáculo en este momento. Contra las ayudas, nada tenemos.
Así las cosas, asistimos al Proceso Penal iniciado por el Juez Garzón con el fin manifestado de que las familias de los desaparecidos durante la Guerra Civil puedan encontrar a estos y proporcionarles digna sepultura. Ahora bien, a casi nadie escapa que un Proceso Penal mal puede alcanzar su fin cuando las personas, contra las cuales se dirige, han fallecido. Más claro, es difícil admitir un Proceso Penal que no puede dirigirse contra nadie. Resulta entonces que estamos asistiendo a una cierta manipulación del mismo, puesto que ha sido iniciado, posiblemente, a sabiendas de que no puede alcanzar su fin natural. Y ocurre que el elemento fin es trascendental para el Derecho. Distingamos entre el fin ético de rehabilitar a las víctimas y el fin natural del Proceso Penal. El medio que concurre a la consecución de aquel, está fuera de lugar.
Conocer no es recordar. Juan Benet escribió una novela llamada Nunca llegarás a nada, lo que pudiera aplicarse al Proceso aquí contemplado. Con claridad no exenta de belleza lo ha expresado C. Magris: "la verdad, que no la memoria, antes que el olvido". Rechazamos una memoria homogénea, pero admitimos aquella otra que "abre expedientes que el Derecho y la Historia dan por cancelados". Ambos bandos están necesitados de autocrítica. Lo malo es la guerra en sí. Admitamos que la memoria es peligrosa en cuanto selectiva y en cuanto puede radicar lo seleccionado.
Colectivo de profesionales andaluces
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