La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, diseñó un calendario de trabajo el día que designó a Juan Manuel González Porrúa, Carlos Ruiz de Huidobro y Rafael Gordillo interventores de los derechos políticos de las acciones de Farusa.
Y, según ha podido saber El Correo, el próximo viernes 3 de septiembre se producirá la primera reunión entre las partes.
En el futuro encuentro, Porrúa y Gordillo informarán de las actuaciones que han ejecutado desde su nombramiento. Además, según han desvelado a este medio fuentes judiciales, si el consejo no convoca una Junta General Extraordinaria en su cita de hoy, Alaya baraja intervenir judicialmente la entidad.
Una solución intermedia sería que el Juzgado de lo Mercantil revoque la decisión del consejo y decida convocar de oficio la celebración de la Junta, que ya se produciría a mediados de noviembre.
La oposición desconfía del consejo
Las principales plataformas opositoras recelan del compromiso verbal de los consejeros para convocar una Junta General Extraordinaria.
José Antonio Tirado, presidente de Por Nuestro Betis (PNB), comentó que "creo que van a convocar la Junta, pero para noviembre, con lo que ganarían tiempo hasta que la Audiencia Provincial decida sobre los recursos presentados por los abogados de Lopera".
Emilio Soto, portavoz de Béticos por el Villamarín, fue más tajante aún. "Van a organizar algún tipo de treta para incumplir una vez más su palabra", puntualizó. Y es que, según su punto de vista, "harán coincidir la Junta Extraordinaria con la Ordinaria para que ya no tenga sentido".
Y Miguel Cuéllar, de la Fundación Heliópolis, indicó que "apelo a lo que les quede de beticismo a Rufino, Castaño y Sacristán y no de loperismo e intereses personales para que voten a favor de la Junta".
