Desde que el Gobierno central anunció sus medidas de recorte para reducir el déficit público, la Junta ha defendido que aplicará el mismo modelo. El jueves, los sindicatos criticaron esta imitación en Andalucía del ajuste estatal pero aunque está pendiente una reunión con UGT y CCOO, el presidente José Antonio Griñán no parece dispuesto a dar marcha atrás y abre la vía incluso a aspectos que a nivel estatal aún no están claros, como reformas fiscales que ayer no dudó en decir que incluirá "si es necesario".
Griñán, que entregó en Málaga los premios Arquímedes a la inserción laboral, aseguró que no descarta "absolutamente nada" dentro de las competencias del Gobierno autonómico. Sólo mostró su intención de que el ajuste no afecte a las prestaciones sociales. "Pero si es necesario incorporar medidas fiscales, lo haremos", subrayó.
La Junta tiene las competencias exclusivas sobre el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados -donde ya anunció una rebaja general y una subida para bienes de lujo-, el de sucesiones y donaciones, los tributos sobre el juego, el patrimonio, determinados medios de transporte y las ventas minoristas de determinados hidrocarburos. Asimismo, tiene parcialmente transferidos tramos del IRPF (33%), IVA (35%), impuestos especiales de fabricación sobre el alcohol, el tabaco e hidrocarburos (40%) y el 100% del rendimiento del impuesto sobre la Electricidad. Aunque el presidente defendió ayer que la Junta es "firme defensora" de que paguen más los que más tienen y que "cualquier revisión fiscal que se haga debe gravar especialmente a las rentas y a los patrimonios más altos", muchos de los impuestos sobre los que tiene competencias afectan a bienes de consumo.
Junto a esta posible subida de tasas, Griñán también insistió en que aplicará el recorte salarial de los funcionarios a los trabajadores de las empresas públicas, una medida para la que encontrará la oposición frontal de los sindicatos que advierten de que éstos se rigen por convenios colectivos. "Lo pactado, pactado está", le recordó el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, quien avisó de que no va a admitir "la violación" del derecho a la negociación colectiva ya que los trabajadores de las empresas públicas "se rigen por un convenio laboral exactamente igual que cualquier otra empresa" y si la Junta quiere hacer "alguna propuesta en este contexto tendrá que trasladarla y se tendrá que discutir con los representantes de los trabajadores en las empresas y los sindicatos". En el mismo tono, el líder de CCOO-A, Francisco Carbonero, alertó de que es "muy preocupante que el gobierno tome estas decisiones porque incita al sector privado a hacer lo mismo y eso podría generar una conflictividad social mayor de la que ya hay".
El presidente de la Junta defendió las medidas del Ejecutivo central como "imprescindibles y necesarias" y aunque señaló que el Gobierno andaluz desconoce aún los términos del Real Decreto Ley aprobado el jueves por el Consejo de Ministros insistió en que "hay algo que sí es obligado, reducir un 5% el capítulo 1, correspondiente a Personal". "Lo haremos según la renta de cada uno de los funcionarios y empleados públicos", explicó. Según el informe El coste de la Administración Pública en España EAE Business School, la Junta incrementó un 60% sus gastos de personal entre 2005 y 2009.
Respecto a otras partidas afectadas, se limitó a avanzar que habrá una "reprogramación" de inversión pública que afectará "sin duda" al gasto farmacéutico. Aunque dijo desconocer qué obras públicas se pueden ver afectadas por el ajuste estatal, se mostró partidario de meter la tijera "donde menos daño haga" pero añadió que "no pasa absolutamente nada por que algunas inversiones se ralenticen en su ejecución porque el esfuerzo que se ha hecho en los últimos tiempos ha sido fantástico". Desde Obras Públicas afirman que trasladarán a Fomento sus prioridades y Griñán garantizó que el Estado seguirá invirtiendo en la comunidad en función de su peso poblacional pues "de lo que recorte el Estado, Andalucía siempre mantendrá el 17,8%".
Hacienda no suelta prenda sobre el plan que debe presentar el 22 de junio pero algunos departamentos empiezan a hablar y si el jueves el consejero de Cultura avanzó un recorte del 11% en su parte, ayer el director de la Agencia Andaluza de Cooperación, Joaquín Rivas, aseguró que "de momento" no se tocarán sus 112 millones para ayudas a países en desarrollo.
