El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha endurecido su discurso sobre la deuda histórica y ahora amaga con ir a los tribunales -igual que lo hizo el PP- si se mantienen las discrepancias con el Gobierno central respecto al pago de los 784 millones de euros que adeudan a Andalucía. Los populares ya han llevado el asunto al Tribunal Supremo porque rechazan cobrar en especies y exigen dinero, asegurando que así lo establece el Estatuto andaluz. Griñán, en cambio, acepta que en un momento de coyuntura económica el Gobierno salde la deuda con la cesión de solares, pero ahora ambas administraciones discrepan sobre el valor de los mismos en 100 millones, y el líder andaluz ha advertido de que acudirá a un juez si el Estado mantiene una tasación a la baja de los terrenos.
"El Gobierno tiene que ser consciente de que yo no estoy jugando. Si digo que no llega es que no llega, y entonces tendrá que poner sobre la mesa otra oferta y le queda menos de un mes", dijo en una entrevista a Europa Press.
Griñán ha asumido el rol del líder duro que no desdeña encararse con el Gobierno amigo de Zapatero. Lo hace mientras su equipo económico se reserva un papel más moderado en la negociación con Madrid, que aún sigue abierta. Pero, sobre todo, lo hace para recuperar el terreno que le está robando el PP, que usa la deuda histórica como herramienta para atizar a la Junta y al Estado, alimentando a diario la tesis del desagravio que el Gobierno de Zapatero le hace a Andalucía. Lo último que ha hecho Griñán para recuperar ese espacio es invitar a la oposición a presionar juntos al Estado. "Si el PP se quiere poner a nuestro lado, junto con IU, más fuerte seremos en la reclamación", dijo. Los populares se lo tomaron ayer a broma. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, le emplazó ayer a votar a favor de que el Parlamento, en el Pleno del jueves, inste a la Junta a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado en relación al pago de la deuda en solares.
Una subcomisión mixta de técnicos de la Consejería de Economía y de la Secretaría de Estado de Hacienda lleva dos meses y medio reuniéndose para determinar el precio real de los 18 solares transferidos en pago de la deuda. El objetivo era determinar la tasación de esos terrenos, para ver si su valor en el mercado inmobiliario se ajusta a los 784 millones de euros que el Gobierno aún adeuda, en compensación por el déficit en la financiación con el que Andalucía asumió las competencias en educación, vivienda y sanidad en los años 80.
Ese objetivo tiene que estar cumplido -según rige en el Estatuto- antes del 20 de marzo, pero queda menos de un mes y aún bailan 100 millones arriba o abajo. Mientras fuentes del ministerio y de la consejería sostienen en público que la negociación sigue abierta, Griñán ha empezado a prepararse para un escenario adverso: que se agote el plazo y el Estado no ofrezca nuevos solares o más dinero. Por eso, primero pidió un tercer tasador imparcial y ahora amenaza con llegar a los tribunales.
