El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el líder del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, protagonizaron ayer el careo más duro que han tenido en el Parlamento andaluz y el guión fue el presunto fraude de los ERE. Un día después de que se cerrara, en falso y sin depurar responsabilidades políticas, la comisión de investigación en el Parlamento sobre este supuesto caso de corrupción, Zoido abrió su micrófono con una pregunta sobre transparencia pero optó por releer una carta que el exinterventor de la Junta de Andalucía ha remitido al Parlamento con duras acusaciones sobre la actuación de los políticos y el Gobierno ante el supuesto fraude. Acto seguido, el también alcalde de Sevilla pidió la dimisión de Griñán. Lo repetiría a lo largo de su intervención en varias ocasiones.
El presidente andaluz destacó que el trabajo de la comisión ERE ha sido, a su juicio, "impecable" hasta llegar al final. "El desenlace ha sido un fiasco del que somos responsables todos los grupos políticos, pero el suyo [PP] más que los otros dos", admitió Griñán. El presidente acusó a los populares de practicar "filibusterismo parlamentario" y de que querer imponer sus conclusiones, que -advirtió- llevaba escritas de antemano. "Lo que no se consigue en las urnas no se consigue trampeando en las instituciones", advirtió al líder del PP andaluz.
El dictamen final de la comisión ERE, la primera en el Parlamento en los últimos 17 años, fue rechazado la tarde del miércoles con los votos de IU y PP, después de que PSOE y PP mutilaran las conclusiones y rebajaran las responsabilidades políticas señaladas por la federación de izquierdas. Finalmente no se acordó ningún documento, un fracaso compartido por los tres partidos pero del que todos se culpan mutuamente. IU fijó las responsabilidades políticas del presunto fraude que investigan los tribunales en los exconsejeros de Empleo. El PP apuntó directamente a Griñán y al expresidente Manuel Chaves. El PSOE limitó el caso al exdirector general de Trabajo.
El día después de que el Parlamento cerrara la comisión y confirmara el fracaso de las conclusiones -el dictamen final no fue aprobado-, el PP volvió a aferrarse a la corrupción para escribir su guión político. "Querido presidente, lamento profundamente que se encuentre en esta situación", le dijo Zoido a Griñán. En absoluto comparten este análisis los socialistas, que consideran que lo peor de este escándalo que lleva marcando en buena parte la agenda política de los dos últimos años ha pasado. El presidente de la Junta en ningún momento entró a rebatir las acusaciones del PP, que se basan en que en su etapa como consejero de Hacienda recibió avisos de la Intervención sobre irregularidades de Empleo y no tomó medidas. Él defiende que, en ningún caso, era ésta su competencia. Griñán, que fue el último en comparecer de la casi treintena de altos cargos que han pasado por la comisión parlamentaria, acusó al PP de tener una "conducta antidemocrática". "Faltan el respeto a las instituciones", aseguró, repasando órganos como la FAMP, el Consejo Consultivo, el Audiovisual o el Defensor del Pueblo. Contra todo ha arremetido el PP.
Zoido sacó un requerimiento judicial que reclama al presidente de Invercaria, una sociedad pública de la Junta, que entregue la documentación de varios expedientes de ayudas a empresas. Posteriormente, desde Invercaria aclararon que los datos habían sido remitidos a los tribunales.
Valderas. La estrategia del PP tras la comisión de los ERE pasa por hurgar en la herida que puede abrirse entre PSOE e IU, socios de Gobierno, tras el fracaso de la comisión. Ambos partidos tienen asumido que el pacto seguirá adelante. La federación de izquierdas arremetió con mucha dureza en la anterior legislatura contra este presunto caso de corrupción y ahora sus contradicciones quedan al aire al asumir que no despejen responsabilidades políticas entre los socialistas. En este sentido, el careo más significativo fue el que afrontó Diego Valderas.
La diputada popular Rosalía Espinosa auguró que el vicepresidente Valderas va a "acabar en el PSOE", como ya lo hizo su excompañera de partido Rosa Aguilar, quien dejó la formación de izquierdas para convertirse en consejera de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Griñán. Esta posibilidad "nunca se va a producir", sostuvo Valderas, que acusó a la popular de creerse "Rappel", dedicándose a la "futurología".
