El secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, fue el primer miembro del Gobierno que se enfrentó ayer a las denuncias de Andalucía y de otras comunidades que han criticado los Presupuestos Generales por el incumplimiento de sus Estatutos de Autonomía en materia de inversión. Preguntado al respecto, Beteta retomó la respuesta que hace unos meses le entregó por carta al consejero andaluz de Economía: las cuentas públicas respetan los Estatutos "en los términos en los cuales los ha interpretado el Tribunal Constitucional". Beteta se refirió de nuevo a la sentencia que ya envió a su homólogo andaluz en verano, cuando éste se quejó del primer incumplimiento del Estatuto en las cuentas de 2012.
La situación era la misma que ahora: la ley autonómica obliga al Gobierno a destinar a Andalucía un porcentaje de la inversión total equivalente al de la población andaluza sobre el conjunto del Estado, es decir, un 17,8%. Pero esa cláusula estatutaria ni se cumplió en 2012 (14,6%) ni ahora (15,3%). Tampoco en otras regiones cuyos Estatutos recogen cláusulas parecidas sobre la inversión, como Cataluña y Castilla y León. "Las comunidades deben centrarse en educación, sanidad y servicios sociales, y el resto en estos momentos, sobra", concluyó Beteta.
El número dos del ministro Cristóbal Montoro insistió en que los Estatutos, aunque hayan sido aprobados en el Congreso y tengan rango de ley orgánica, "no pueden tener en modo alguno (...) efectos directamente vinculantes para el Estado". Beteta explicó que "en atención a la priorización de las pensiones, la sanidad, la educación y los servicios sociales, ha habido que reducir la inversión, y en consecuencia no procedía anotar las cantidades que algunas comunidades reclaman".
Para zanjar el debate, el secretario de Estado recordó a las comunidades que deben cumplir con sus planes de reequilibrio financiero, "eliminar agencias públicas, reducir gastos innecesarios" y centrarse en mantener el Estado de Bienestar. "Cuando el traje se vuelve estrecho todo el mundo quiere que sea más ancho", dijo Beteta, y defendió que el Gobierno ha destinado "financiación suficiente" a las comunidades para garantizar los servicios sociales.
Pero ya ayer hubo muestras evidentes de que el debate no ha hecho más que empezar. Andalucía no ha sido la única que ha elevado sus críticas al Gobierno. Incluso autonomías gobernadas por el PP como Baleares y Comunidad Valenciana recriminaron a Beteta sus planteamientos, porque además de aparcar los Estatutos, el Gobierno ha reducido considerablemente las transferencias del Estado a las comunidades. Con ese dinero se cofinanciaban hasta ahora programas sanitarios, educativos, sociales, para dependientes y para el fomento del empleo. Beteta pide a las regiones priorizar en Sanidad y en Educación, mientras el dinero que el Estado transfiere a las comunidades para esas políticas se ha reducido un 57% en el primer caso, y un 84% en el segundo.
POPULARES. Al conocer que los Presupuestos incumplían el Estatuto, la Junta se apresuró el sábado a pedir al presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, que interceda ante Rajoy para reclamar un derecho comprometido en la norma básica, que además los populares votaron y defendieron en el Parlamento. El PP-A aún no ha valorado este tema. Zoido, en el cierre del congreso provincial en Cádiz, se dirigió a sus compañeros para que defendieran las cuentas públicas porque eran "cumplidoras" con la comunidad. "Los Presupuestos reflejan el compromiso del Gobierno de Rajoy con Andalucía", dijo, y aplaudió los 1.632 millones para inversión dirigidos a "sectores estratégicos como Fomento, Agricultura y Medio Ambiente".
El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, avisó ayer al Gobierno de que "si el PP no rectifica" y anula en el trámite parlamentario la "agresión" que significa para Andalucía el proyecto de Presupuestos para 2013, la Junta acudirá a los tribunales y promoverá la movilización de los andaluces. Jiménez dijo que habrá "respuesta" de la Junta "en el plano jurídico, político y en el de la movilización ciudadana" contra lo que no es sino "una injusticia" y una "discriminación más de la derecha" hacia Andalucía. Un día antes, el consejero de Economía, Antonio Ávila, había descartado la vía jurídica "contra un acto político aprobado en las Cortes". Tampoco se ha recurrido, por ahora, el incumplimiento de la norma en las cuentas de 2012.
