El Juzgado de Instrucción número 2 reclama al Ayuntamiento de Écija que informe sobre el estado y la actual ubicación de los muebles que se encontraban en el palacio de Peñaflor. Lo hace a petición del PA, principal partido de la oposición, que sospecha de "la salida irregular" de obras de arte del palacio.
De igual modo, el mismo juzgado acaba de dictar un auto admitiendo la personación de los andalucistas como acusación popular en una denuncia presentada por un vecino por un presunto delito contra el patrimonio por las frustradas obras para rehabilitar el monumento y convertirlo en un hotel.
Fernando Osuna, el abogado que lleva el caso, destacó que "el PA tiene fundadas razones para sostener que están saliendo, al margen de la normativa vigente, obras de arte del lugar donde está depositado parte del patrimonio del palacio". Los andalucistas basan sus sospechas en diverso material gráfico hallado en internet en los que, supuestamente, aparecen algunas de las obras de arte que formaban parte del mobiliario del palacio (como las que se muestran en las fotografías de estas páginas), algunas con su número de inventario incluido, y que estarían siendo ofrecidas en venta o en subastas. Esto podría constituir un expolio de estos bienes públicos, según los denunciantes.
Por su parte, .el equipo de gobierno (PSOE) aseguró que los muebles de Peñaflor "están a buen recaudo" El portavoz municipal del PSOE, Fernando Martínez, apuntó al respecto: "No tenemos motivo para no colaborar y todo lo que llegue del juzgado será atendido". De todas maneras, el munícipe remarcó que "los muebles fueron en su día objeto de un inventario exhaustivo, de una catalogación y embalaje, y están depositados a buen recaudo", sin aclarar más "porque los amigos de lo ajeno podrían tomar pistas".
En la misma línea, garantizó que "no hay ningún daño irreversible" en este monumento protegido y emblemático de Écija, tal y como apuntaron técnicos municipales en la comisión de investigación celebrada hace unos meses y cerrada sin ninguna conclusión sobre las obras en el edificio. No obstante, admitió: "El palacio debería estar ya restaurado y funcionando como un hotel de cuatro estrellas". Esto no fue posible después de que el Ayuntamiento de Écija tuviera que rescatar la concesión del mismo por los graves problemas detectados en las obras para su conversión, lo que dejó en el aire el destino del monumento, asunto todavía sin resolver.
El juzgado abrió diligencias previas por una posible "infracción penal" en las actuaciones en el palacio, un proceso que comunicó a la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio "para que tenga conocimiento de los hechos y solicite lo que a su derecho interesa". La ley establece penas de seis meses a tres años de prisión, multa de 12 a 24 meses y posible inhabilitación especial para "los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental".
