Lejos de enviar la investigación por el fraude de los ERE al Tribunal Supremo, la jueza Mercedes Alaya ha ampliado su largo listado de imputados con 16 personas más, entre las que se encuentra el que fuera secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla por su implicación en el expediente de Altadis, al que cita a declarar el próximo 15 de julio; y al responsable de Acción Sindical de CCOO en Sevilla, Francisco Figueroa, citado el 16. La magistrada también amplía la imputación a nueve de los ya implicados, entre los que se encuentran el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exasesor de Empleo y exdiputado Ramón Díaz Alcaraz.
Francisco Fernández participó en las negociaciones del ERE de Altadis como representante de UGT-A, cuando formaba parte de la junta directiva de ésta en la época del histórico secretario general Manuel Pastrana. Su nombre ya había salido en otra investigación, en la de las facturas de falsas de UGT-A que investiga el Juzgado de Instrucción número 9, y que fue el motivo por el que dimitió, aunque no está imputado en esta causa.
Según Alaya, en este ERE hubo al menos 15 irregularidades que a su juicio fueron un «cheque en blanco contra los fondos andaluces, que serían utilizados discrecionalmente y sin control», ya que se modificaron las prestaciones de los trabajadores prejubilados, «lo que provocaba automáticamente el incremento de las primas a satisfacer por la Junta de Andalucía». La jueza detalla que era habitual traspasar «partes de las primas abonadas de una póliza a otra, los pagos cruzados, la refinanciación de las pólizas», lo que hizo que de un compromiso inicial de 26 millones de euros se llegara a más de 34 millones de euros.
Unos hechos que para la magistrada podrían ser considerados como delitos de falsedad, fraude de subvenciones, prevaricación y malversación de caudales públicos, de los que considera responsable a Fernández y su compañera de UGT Blanca Uruñuela; a los sindicalistas de CCOO Figueroa y Antonio Perianes; y al representante de Altadis, José Luis Relea Laso. Además, hace responsable civil a ambos sindicatos y a la empresa.
En cuanto al ERE de A-Novo, para la titular del Juzgado de Instrucción número 6 fue «un sangrado continuo de fondos públicos», que comenzó a gestarse en una reunión entre los empresarios, sindicatos y a la que asistió el entonces presidente de la Junta de Andalucía que, aunque no lo cita, era Manuel Chaves. A los que sí señala directamente la jueza son a los exconsejeros de Empleo e Innovación Antonio Fernández y Francisco Vallejo, respectivamente, quienes «tendrían cabal conocimiento» del convenio de colaboración firmado por la Junta y la empresa para la concesión de una ayuda excepcional por 3,8 millones de euros para la financiación del plan social, el traslado de la fábrica y liquidación de proveedores».
Alaya destaca que en este caso hubo un «dispendio in crescendo de los fondos públicos» cuyo «colofón» fueron las ayudas comprometidas para Manuel Jiménez de Miguel «por el simple hecho de su pertenencia al PSOE de Sevilla». Éste no prestó «servicios efectivos» en la empresa, pero «se garantizó» una suma de entre 2.159 y 9.221 euros mensuales.
La magistrada también rechaza la petición de la Junta de imputar a Alfonso Seoane, exasesor del exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín y que ocupó varios cargos en la Expo 92, pues «en este caso su participación se habría limitado a ostentar cargos en las sociedades» del tándem de empresarios de la Sierra Norte Rosendo y Sayago. Tampoco acepta imputar a la exalcaldesa de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) María José Cervantes (PSOE), por las ayudas a la empresa Aglomerados Morell.
Por último, en el auto la juez acuerda un calendario de declaraciones entre el 14 y el 18 de julio que incluye a los imputados ya citados así como a Alfonso Ruiz-Mateos, hijo del conocido empresario jerezano, al que implica por su participación en el ERE de Dhull. Con él, ya son seis hermanos los que están imputados en la causa.
