El alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, batió ayer un récord. La Audiencia Nacional le condenó a pagar la multa reciente más elevada que se ha impuesto por un delito de injurias, en este caso graves, contra la Corona. Sus declaraciones en contra del monarca le costarán 6.840 euros, una cifra que duplica la cuantía de casos muy sonados.
La quema de fotografías del monarca en Gerona o la portada satírica de El jueves fueron conductas penalizadas por el mismo juez, José María Vázquez Honrubia, con multas de 2.730 y 3.000 euros, respectivamente. Son penas muy inferiores a la que tendrá que afrontar Barroso, a quien sólo le bastó la palabra como arma arrojadiza contra el Rey. Sus afirmaciones le llevaron al banquillo de los acusados en un juicio en el que estuvo respaldado por la plana mayor de IU.
Ni antes ni durante ni después de esta cita judicial ha dado señales de arrepentimiento. Ayer se ratificó una vez más en las declaraciones que pronunció en su discurso el 14 de abril de 2008, en un acto por el día de la conmemoración de la II República en Los Barrios (Cádiz). El retrato del Rey presidió la sala en la que sonó la grabación de las acusaciones por las que ha sido condenado. El momento más recordado fue cuando llamó a Don Juan Carlos "hijo de crápula" y le atribuyó una "naturaleza corrupta". Aún así, fueron más los descalificativos dedicados al monarca, al que acusó de enriquecerse ilícitamente, y a la familia real.
Los límites entre la crítica y el insulto centraron el debate de este juicio. El fallo judicial ha sido claro al respecto. Considera que el alcalde viola los tres parámetros que distinguen estos dos conceptos: la privacidad, insulta a su padre y a su esposa y cae en el insulto personal. "El Código Penal establece dentro de los delitos contra la Corona que el Rey representa el Estado y usted está insultando a esa figura fundamental para el mantenimiento de la democracia", concluyó Honrubia, quien aseguró que se extralimitó en sus afirmaciones llegando al insulto personal.
El magistrado adoptó esta decisión tras escuchar la versión de Barroso, quien señaló que su intención no era la ofensa. "Visiones político-ideológicas, yo soy comunista y republicano, me impiden utilizar la injuria como práctica política", argumentó. La intención del regidor después de conocer su imputación era crear un debate sobre la República. De hecho, al entrar en la Audiencia manifestó que con este juicio empezaba "el primer acto de abolición de la Monarquía". Sus descalificativos al monarca se repitieron el pasado abril en otro acto, en el que lo vinculó a prácticas genocidas, aunque en esta ocasión ha sido juzgado por sus afirmaciones realizadas justo un año antes.
La Fiscalía, que pidió una sanción de 10.800 euros, insistió en la necesidad de poner freno a esas conductas y alertó de que si no se condenaba al acusado "este tipo de delitos quedarán impunes". El abogado defensor, el dirigente de IU Enrique Santiago, se basó en la prioridad del derecho a la libertad de expresión y en que las críticas no se dirigieron al jefe de Estado sino a la dinastía borbónica.
