La fenomenal escalada en el flujo de inmigración ha trastocado la manera de enfocar un fenómeno marginal hasta hace poco en España. Lo cierto es que se ha convertido en uno de los principales motivos de preocupación de la gente, si nos dejamos guiar, como un político cualquiera, por las encuestas y barómetros que se airean periódicamente y equiparan esta realidad social al nivel del paro, el terrorismo, la dificultad de acceso a la vivienda o la criminalidad.
Así, quienes hablan a favor de la inmigración se resignan a hacerlo con la boca pequeña, y desde una postura diríamos humanitaria, sin pararse a considerar los efectos sociales. En un intento de aportar, desde la economía, una perspectiva científica a un debate que, si bien incendiado de cuando en cuando por una demagogia irresponsable al hilo de los mencionados barómetros, no deja de estar en la calle, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha reunido, en edición de Juan Dolado y Pablo Vázquez, una serie de trabajos de especialistas bajo el título de Ensayos sobre los efectos económicos de la inmigración en España.
La panorámica trazada en su primer capítulo incluye muchas claves para comprender el fenómeno y, en parte, las reacciones que provoca. Se nos avisa, primero, que la inmigración no da lugar a un crecimiento uniforme de la población y del stock de mano de obra en un país. Más bien, la inmigración por motivos económicos que llega tiene un carácter diferencial frente la población española: no se reparten uniformemente por nuestro territorio, no ocupan todos los escalones de nuestra pirámide poblacional, no tienen los mismos niveles educativos y tampoco han venido en la misma proporción de hombres y mujeres.
En general, los inmigrantes son jóvenes que poseen una preparación superior a la media de sus compatriotas, lo cual les permite asumir los riesgos de la inversión inmigratoria: elevados costes fijos de naturaleza económica y psíquica (traslado, aprendizaje de la lengua, trámites burocráticos, riesgo en la búsqueda de empleo, etc.) más fácilmente amortizables cuanto mayor capital humano pongan en juego.
Fruto de lo visto, los autores destacan algo que se repite con tozudez en la literatura económica: la inmigración genera beneficios netos positivos tanto para los países de destino (el aumento de la oferta aumenta la competitividad de la economía y los beneficios empresariales) como para los de origen (las remesas de la inmigración que tan bien recordamos, ¿o no?).
La otra perspectiva a cubrir pasa por atender que los inmigrantes también emplean los servicios públicos y generan gastos. En un trabajo que hemos realizado con Jesús Fernández y también publicado por Fedea estudiamos la dinámica territorial de las necesidades de gasto sanitario. Concluimos allí que, con independencia de disparidades regionales muy obvias, será el flujo de inmigrantes por encima del envejecimiento el factor más relevante de la demanda de gasto sanitario. Ahora bien, a corto y medio plazo, la inmigración podría suponer un alivio en la actual presión sobre esos mismos gastos sanitarios, hasta que los inmigrantes jóvenes se hagan mayores. Pero entonces la etiqueta de inmigrantes ya no les será, claro.
Catedrático de Hacienda Pública. jsanchezm@uma.es
