El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ordenó ayer el arresto del diputado de IU y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y de varios centenares de jornaleros que participaron el martes en el asalto y robo de alimentos de dos supermercados , un Mercadona en Écija y un Carrefour en Arcos de la Frontera (Cádiz). "He dado orden a la Policía y a la Guardia Civil de que detenga a los autores de esas acciones y los pongan a disposición judicial", remarcó el ministro.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, instó a la Fiscalía General a investigar de oficio el suceso, aunque Mercadona presentará una denuncia por la agresión a dos de sus trabajadoras. El sindicato de Policía UFP agradeció la contundencia del ministro porque "no se trata de un delito de hurto -como sostiene Gordillo en alusión a la cantidad robada- sino de un robo con violencia, ya que una dependienta es empujada para sustraer alimentos". Gordillo es parlamentario y, en su condición de aforado, de momento sólo podrá ser citado a declarar ante un juez.
Los cabecillas, entre ellos docenas de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), el alcalde de Espera y diputado de IU, Pedro Romero y el líder del SAT, Diego Cañamero, abrieron un debate entre partidarios y detractores de la acción. Los primeros acuñaron el término reivindicativo "expropiación de alimentos" para denunciar la pobreza. Los segundos, entre ellos Gobierno y Junta lo califican de simple delito.
Gordillo, que ayer participaba en otra ocupación de la finca de Las Turquillas, en Osuna, esperaba ser desalojado por la Guardia Civil, sin saber si sería detenido por el asalto del supermercado horas después o en el día de hoy. "No me voy a esconder", dijo, calificando al ministro del Interior de "franquista de tomo y lomo". "Estaré orgulloso de entrar en la cárcel por este motivo", remató. De hecho, antes de conocer la orden de arresto ya había anunciado el próximo asalto de más supermercados.
Con su acción, el diputado andaluz puso en un aprieto a alguno de sus compañeros de formación como al coordinador regional de IU y vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas, que ayer usó toda su diplomacia. Repitió por activa y por pasiva que él comparte el fondo de la incursión por su "simbolismo" y "porque se ha abierto un debate entre pobreza y riqueza", pero aclaró que no está de acuerdo con las formas. Valderas explicó que en la acción en la que participó Cañamero hubo una negociación previa con Carrefour, que aceptó donar los productos. El vicepresidente telefoneó el mismo martes a responsables de Mercadona para plantearles una colaboración en la que en un futuro los alimentos que no se usan puedan destinarse, "con todas las garantías de sanidad", a los ciudadanos que más lo necesitan. "No he visto una mala recepción a esta demanda", dijo, quien también mantuvo un diálogo con miembros del Banco de Alimentos de Sevilla, para que a principios de septiembre se pueda establecer una "colaboración estrecha" entre la Junta y este tipo de ONG, "que hacen una función social enorme". A pesar de discrepar con la acción de Gordillo, Valderas afirmó que IU no le abrirá un expediente porque actuó como miembro de un sindicato (SAT). Es más, pidió al presidente del Parlamento, Manuel Gracia, que la institución vele por los derechos que amparan a Gordillo si es detenido, porque "es aforado y sólo podría prestar declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".
Mucho más contundente en la defensa del alcalde de Marinaleda fue el diputado de IU en el Congreso Gaspar Llamazares, quien manifestó que el Código Penal "justifica" este tipo de acciones "en situaciones dramáticas" . Llamazares repitió que fue un acto simbólico a cara descubierta y que lo que le "escandaliza" es que haya "más de un millón de familias que no tienen ni un euro para vivir".
El resto de formaciones políticas no dudaron en condenar la acción. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, reconoció que espera que Gordillo sea denunciado por robo, porque "el fin no justifica los medios". Y el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, calificó la acción de "barbaridad", en la misma línea que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. CCOO y UGT se desmarcaron al señalar que no coincide con su forma de actuar, y la patronal fue más dura en sus críticas. En medio de la polémica el Banco de Alimentos, la ONG a la iban a ir destinados los productos robados, se negó ayer a aceptarlos por proceder de una acción "irregular".
