Las medidas contra la inmigración clandestina adoptadas por Italia podrían incrementar el racismo y la xenofobia. Es la advertencia lanzada ayer por el Consejo de Europa, que considera que la politica italiana debería basarse en los principios de los Derechos Humanos y no en la seguridad.
La última medida fue lanzada ayer: unos 3.000 militares italianos vigilarán y patrullarán en nueve ciudades del país a partir del próximo lunes y durante seis meses, según el plan firmado por los ministros de Interior, Roberto Maroni, y Defensa, Ignazio la Russa. Los soldados patrullarán junto a las fuerzas de la Policía y vigilarán objetivos sensibles, como embajadas o monumentos, y centros de identificación de inmigrantes ilegales.
Maroni explicó, en una rueda de prensa junto a La Russa, que los 3.000 militares pertenecen al Ejército, la Marina y la Aeronáutica militar y el arma de Carabineros. La iniciativa tendrá una validez de seis meses, tras lo que se evaluarán los resultados y se decidirá si se prorrogar otro medio año y la posible extensión a otras ciudades.
En total, mil soldados patrullarán las calles de nueves ciudades, otros tantos vigilaran el exterior de los centros de identificación de inmigrantes en 16 provincias y el resto protegerá sitios y objetivos sensibles en Roma, Milán y Nápoles. La presencia del Ejército en las calles fue incluida en una enmienda aprobada por el Parlamento al decreto de ley sobre seguridad redactado por el Gobierno conservador de Silvio Berlusconi.
Mientras tanto, el Consejo de Europa advierte al Ejecutivo italiano acerca de sus últimas iniciativas migratoria. El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, tras visitar Roma en junio en respuesta a la polémica suscitada por la propuesta del Gobierno para aumentar la seguridad ciudadana y penalizar la inmigración ilegal, consideró que los gitanos "necesitan urgentemente una protección efectiva de sus Derechos Humanos, incluidos los derechos sociales, tales como el derecho a una vivenda o a la educación". El comisario también criticó la medida que prevé criminalizar a los inmigrantes que entren en Italia de modo ilegal. "Estas medidas harán más difícil a los refugiados su petición de asilo y lo más probable es que estigmaticen y marginen todavía más a todos los inmigrantes", señaló.
En su informe, manifestó también su preocupación ante la voluntad del Gobierno de Silvio Berlusconi de declarar el estado de emergencia por la llegada masiva de inmigrantes en situación irregular, así como el hecho de que Italia haya devuelto forzosamente a algunos inmigrantes.
