La Policía Nacional registró ayer la residencia habitual en Sevilla del exconsejero de Hacienda entre 1987 y 1990, Ángel Ojeda, imputado en el caso de los cursos de formación de la Junta por delitos de falsedad, fraude en subvenciones y apropiación indebida. Los agentes registraron su casa situada en la calle Ebro, del barrio de Heliópolis, y las oficinas de una de sus empresas (Prescal), con sede en el polígono aeroespacial Aerópolis de La Rinconada (Sevilla). El día anterior, la Policía ya había registrado durante horas la residencia de Ojeda en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde fue arrestado el lunes mientras veraneaba. El exconsejero socialista quedó en libertad con cargos, y el juez le retiró el pasaporte como medida cautelar.
Ojeda es uno de los nueve detenidos en el marco de la operación Óscar, que investiga el supuesto uso irregular de fondos públicos en los cursos de formación para empleados y parados. El exconsejero es propietario de un entramado de empresas de formación que están bajo la lupa del titular de instrucción número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena. Pero el caso, el mismo que destapó la operación Edu en Málaga, está diseminado por una decena de juzgados andaluces incluido el de Mercedes Alaya, magistrada del caso ERE que tratan de esclarecer si ha habido un fraude masivo en las subvenciones de formación para el empleo. Las denuncias, en manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, apuntan a una serie de irregularidades en la gestión de los cursos a parados por parte de las empresas beneficiarias de ayudas públicas (cursos subvencionados que nunca se realizaron, formadores no dados de alta en la Seguridad Social, facturas falsas, alumnos fantasmas inscritos que nunca recibieron formación...)
La Junta inició una investigación interna en septiembre de 2013, revisando uno a uno los 8.500 expedientes de subvenciones para cursos que se otorgaron desde 2007. El PP-A ha registrado dos veces en el Parlamento, en menos de un mes, sendas peticiones para celebrar un pleno extraordinario sobre corrupción, exigiendo a la presidenta Susana Díaz que acuda a dar explicaciones. Los populares hicieron la misma reclamación hace dos días, pero ayer el socio de Gobierno (IU) adelantó que volverá a vetar el pleno extraordinario. Sin embargo, la coalición de izquierdas decidió ayer endurecer visiblemente su discurso contra los socialistas, a quienes reprochó la falta de transparencia y de respuesta en la gestión del fraude de los cursos de formación. «Nos instalamos en la misma gravedad que llevamos conociendo desde hace tiempo con el proceder tan laxo y relajado de la Administración andaluza, primero los ERE y ahora los cursos de formación», protestó José Antonio Castro, portavoz de IU en el Parlamento. Castro explicó que la operación Óscar es síntoma de un PSOE que durante 30 años «creía que gerenciaba un cortijo y no una administración», y afeó a sus socios de Gobierno el que «continúen con un criterio de colegueo y amiguismo». «Lo más grave de todo esto es la falta de respuesta de un PSOE que sigue instalado más en la defensa de lo suyo que en la asunción de un periodo negro de una forma de gobernar la administración andaluza», añadió Castro, que sentenció que «hasta que el PSOE no sea capaz de renegar de toda esa supuesta corrupción, todos sus actos estarán en constante cuestión».
La rotundidad con la que habló ayer el portavoz de IU no es baladí. La coalición empieza a tomar distancias de su socio de Gobierno, ahora que los jueces tratan de dilucidar si la falta de control en las ayudas a la formación se prolongó hasta la presente legislatura, es decir, durante el mandato de PSOE e IU. El portavoz de la Junta niega que ésta haya exonerado a ninguna empresa de las ayudas recibidas, incluidas las de Ojeda. La exoneración es una figura legal que permite a una empresa optar a nuevas subvenciones aunque no haya justificado el uso dado a las últimas ayudas recibidas. Es una fórmula excepcional, aunque la jueza Alaya sostiene que la Junta la convirtió en regla general para garantizar la paz social. Díaz prohibió volver a usarlas desde enero del presente año.
