Los Presupuestos Autonómicos de 2013, que se conocerán en unas semanas, van a poner a prueba una vez más la solidez ideológica de IU. La estrechez financiera de Andalucía el año que viene será más angosta que la del presente ejercicio. Y la coalición defenderá las cuentas con la misma filosofía que usó al entrar en un Gobierno "obligado a hacer recortes desde el minuto uno": "Priorizar bien, repartir mejor y preservar las políticas sociales".
El Presupuesto de 2013 está condicionado por la acuciante falta de liquidez de la Administración andaluza, que le ha empujado a pedir un anticipo de mil millones al Gobierno (para pagar la deuda a proveedores y bancos), y acogerse al fondo de rescate para que el Estado inyecte 4.900 millones más de liquidez a las arcas andaluzas (la solicitud se formalizará en el Consejo de Gobierno del martes). La federación de izquierdas que coordina Diego Valderas, a la sazón vicepresidente de la Junta, "asume que los Presupuestos de 2013 traerán nuevos ajustes, incluido el cierre de empresas públicas", pero advierten de que puede hacerse "sin destruir empleos", y anticipan que vetarán los despidos en el sector público.
"No descartamos el cierre de empresas públicas que no están funcionando, siempre que no se destruya empleo. El sector público andaluz debe reordenarse y entrar en un proceso de racionalización que pasa por definir qué es prioritario y qué puede ajustarse sin dañar los servicios públicos esenciales", explican desde la coalición. Las mismas fuentes insisten en que cualquier paso en esta línea contará con las partes implicadas, principalmente los sindicatos CCOO y UGT. "No podemos dejar que se reabra la brecha entre la administración, los empleados públicos y sus representantes", dicen.
Las cuentas autonómicas de 2013 serán las primeras que estén concebidas, pactadas y diseñadas por los dos partidos que forman Gobierno: PSOE e IU. La coalición sabe que tendrá que firmar un Presupuesto de "habas contadas", y que deberá responder ante sus bases por los ajustes que acometan todas las consejerías. IU se desentendió de los recortes del Presupuesto de 2012, porque lo consideró una "herencia" de la anterior legislatura socialista. Acababan de entrar en el pabellón de mando. Pero ahora la federación de izquierdas comprometerá su palabra y la de sus líderes en las cuentas de 2013, más asfixiadas si cabe que las del presente ejercicio, y lo hará unas semanas antes de que se inicie el proceso de renovación de la directiva. Valderas ya ha dejado caer que quiere repetir como coordinador regional.
Por ahora no se vislumbran fisuras en el pacto de Gobierno. "IU no traza las líneas rojas al PSOE al elaborar los Presupuestos. Nos las trazamos juntos", dice un miembro de la dirección. Desde el grupo parlamentario de IU confirman que "reclamarán a la Junta que haga un Presupuesto muy político, con programas identificables por la izquierda en cada consejería, con el objetivo claro de paliar la pobreza y el paro que padecen los andaluces". Hace unos días, Valderas presentó un informe político al Consejo Andaluz de IU para aclarar la responsabilidad que asumirán en el diseño de las cuentas de 2013. La federación aspira "a influir globalmente" en la elaboración del Presupuesto, y no solamente en las tres consejerías que ostentan (Administración Local, Fomento y Turismo). "Las cuentas deben representar la resistencia social, una fórmula que permita salir al paso de la emergencia social que vive Andalucía", reza el texto.
En ese informe no se menciona la idea de eliminar empresas públicas. Esta propuesta arrastra una incógnita evidente. La Administración andaluza tiene 261.000 trabajadores y la Junta contabiliza 123 empresas públicas (el Gobierno eleva la cifra a 390). ¿Es posible eliminar entes públicos sin hacer despidos? IU admite que es "difícil, pero no imposible", y sugiere algunas ideas como ahorrarse los alquileres de sedes y oficinas de gobierno y rentabilizar los inmuebles propiedad de la Junta que están vacíos. También hablan de "meterle mano" a los convenios de las agencias públicas, consorcios y fundaciones, "que tienen unos pluses en la nómina por encima de la media de los salarios públicos". "Las reducciones de sueldos y de jornada a empleados públicos e interinos deberían ser ahora voluntarias, porque los beneficios retributivos están muy localizados en ciertas empresas, y habría que ir primero a por ellos", advierten. Si al cuadrar las cuentas, los despidos son inevitables, la siguiente línea roja con la que se topará IU será la reforma laboral.
Por ahora la responsabilidad de los recortes salpica al Gobierno central. Valderas, con apoyo de CCOO y UGT, ha trazado una estrategia de movilización contra el Ejecutivo de Rajoy, que desemboca en una gran marcha el 4 de diciembre, fecha clave para la autonomía andaluza. Habrá que ver si la armonía con los sindicatos sobrevive a las cuentas autonómicas.
Valderas: “La única financiación en 2012 es el fondo de rescate”
En un informe dirigido a la dirección de IU, el coordinador Diego Valderas aboga por un presupuesto que proteja a los andaluces y garantice la liquidez. El vicepresidente sostiene que en 2012 “la única fuente de financiación posible” será el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Andalucía solicitará al Gobierno 4.906 millones del fondo de rescate el próximo martes. Valderas insiste en que pedir ese dinero no debe condicionar la política andaluza, y también espera que el Ejecutivo central acepte ampliar el margen de endeudamiento de Andalucía. La Junta está en negociaciones con el Ministerio de Hacienda para lograr un margen de deuda de 2.000 millones, lo que le permitiría elaborar un presupuesto más holgado. El líder de IU aseguró que sus propuestas para las cuentas de 2013 serán discutidas “fuera y dentro de la organización”, con los sindicatos y agentes sociales que intervinieron en el programa electoral de IU. Debe contener 15 programas centrales en la acción de gobierno, e impulsar las primeras leyes acordadas en el pacto con el PSOE, dijo. Valderas espera que antes del 31 de diciembre se activen iniciativas como el Banco de Tierras o el grupo de trabajo sobre la banca pública y la renta básica.
