Voy a romper una lanza en favor de un derecho en la actualidad seriamente amenazado por el partido en la oposición: el derecho de un escritor a ser compensado por copia privada. En pocas palabras: sólo el propio autor puede autorizar que se hagan copias de sus creaciones; sin embargo, cuando se trata de copias que no tienen ánimo de lucro, es decir, para uso privado de la persona, la autorización resulta absurda; pero, a cambio, la ley establece que los autores seamos compensados económicamente.
Así pues, a través de asociaciones sin ánimo de lucro, los autores percibimos anualmente un modesto canon que abonan los equipos de reproducción; o sea, los fabricantes e importadores de fotocopiadoras, equipos multifuncionales y escáneres. La nueva Orden Ministerial que modifica la Ley de Propiedad Intelectual, cuando próximamente entre en vigor, ya rebaja las tarifas establecidas en la ley; sin embargo, lo más grave no es eso, sino que la derecha ha puesto en cuestión la compensación que recibimos por la copia privada de nuestras obras. La prueba es que hace un mes escaso a punto estuvo de aprobarse una enmienda impulsada por el PP en la que se pedía la supresión del canon.
Debo combatir algunos de los argumentos que los neoliberalistas esgrimen a diario. Dicha compensación ni es un impuesto, pues no va dirigido al conjunto de los ciudadanos, ni un canon indiscriminado, pues sólo grava a algunos de los dispositivos que permiten la copia privada, ni supone un enriquecimiento indebido para los autores, pues se trata de una compensación por los perjuicios que este tipo de copias ocasiona, y que representan una expropiación de nuestros derechos de autor. Por último, se argumenta que el dinero no va a parar al creador, lo cual es falso, pues las entidades de gestión recaudan la compensación por mandato legal.
Añadiré que si la sociedad globalizada supone una sociedad sin leyes que protejan del abuso, si equivale a una libertad sin límites, sólo pagaremos las consecuencias los más débiles.
