El juzgado penal 8 de Sevilla juzga el próximo lunes a Eustaquio Castaño (PP), ex alcalde de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y a sus ocho concejales, para quienes el fiscal solicita 8 años de inhabilitación por dar una licencia de obras contraria al ordenamiento a una hermandad de Semana Santa.
Fuentes del caso han informado a Efe de que los nueve acusados se enfrentan a una petición del fiscal de 8 años de inhabilitación y multa de 5.400 euros, que la acusación particular, que ejerce un vecino afectado, eleva a diez años de inhabilitación y multa de 14.400 euros.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, los imputados dieron la licencia de obras a la Hermandad de la Soledad en un pleno municipal celebrado el 16 de septiembre de 2002, con la mención expresa de que "superaba excepcional y puntualmente la altura prevista en las normas subsidiarias" del Ayuntamiento.
Precisa la acusación que la licencia de obras inicial fue concedida el 29 de abril de 2002, y según la misma el edificio no debía exceder de 7 metros, máximo permitido por la normativa municipal.
El 27 de agosto, el hermano mayor presentó un reformado del proyecto, en el que solicitaba una excepción de las normas subsidiarias y poder elevar el edificio hasta 9 metros, pese a que en esa misma comunicación "reconocía contraria a las normas de planeamiento vigentes", dice el fiscal.
Tal solicitud "fue informada negativamente por el arquitecto municipal, aunque, "excediéndose en su cometido técnico", afirma la Fiscalía, añadía que "debido al carácter social de las actividades a desarrollar, podría ser la Comisión de Gobierno la que valorara la procedencia de la excepcionalidad solicitada".
Poco después, la secretaria general de la corporación hizo un nuevo informe en el que exponía que la licencia era contraria al planeamiento urbano, que "no eran posibles reservas de dispensación", y que "la Administración carecía de libertad de acción y debía ceñirse estrictamente a las disposiciones normativas aplicables".
El escrito de defensa solicita la absolución por falta de pruebas contra los acusados, que en fases anteriores del proceso han alegado que solo defendían el "interés religioso" del pueblo, pues las diez hermandades de Semana Santa de Sanlúcar se encuentran "fuertemente arraigadas" y de ellas forman parte miles de personas, entre ellas "la inmensa mayoría de sus habitantes".
Por ello, cuando el pleno municipal aprobó la ampliación de la sede de la hermandad no lo hizo en un "ejercicio arbitrario del poder" sino "para causar un bien, remover obstáculos y favorecer el interés social, cultural y religioso que subyace en la localidad", según los recursos planteados.
